Hasta mayo, la ejecución, obligaciones presupuestales/apropiaciones, del Presupuesto General de la Nación, PGN, sin deuda, estaba en niveles similares al promedio de los últimos 23 años, lo cual significó una mejora frente a lo observado en 2023 y, además, favoreció la liquidez del sistema financiero y en el mercado de deuda, reveló un análisis de Corficolombiana. 

El documento señala que no obstante, la información de junio indica que la ejecución volvió a rezagarse respecto al ritmo observado en años anteriores.

La razón entre obligaciones y apropiaciones presupuestales se ubicó en 36,6%, siendo inferior en 2,4 puntos porcentuales (p.p.) al promedio observado entre 2001 y 2023. 

La baja ejecución con corte a junio parece estar parcialmente relacionada con las dificultades fiscales que afronta el gobierno, tras la caída del recaudo tributario en lo corrido del año y que lo llevaron a ajustar los ingresos esperados y a recortar el presupuesto de gasto en 2024 para dar cumplimiento a la regla fiscal.

Aunque esto limita el aporte del gasto público al crecimiento futuro de la economía, es consistente con la responsabilidad fiscal. 

De esta forma, señala la financiera, la baja capacidad de administración de los recursos por parte del gobierno, evidenciada desde el año pasado, estaría apoyando de forma indirecta el recorte esperado del gasto, en un contexto en el que persisten las dudas sobre el cumplimiento de las metas de recaudo.  

La más baja en 11 años

Para 2024, las apropiaciones presupuestales para inversión son de $99,8 billones, de los cuales $21,9 billones tenían una obligación con corte a junio, es decir, una ejecución que es 3,9 p.p. inferior al promedio histórico. 

Lo anterior indica que para el segundo semestre están sin comprometer $46 billones, de los cuales $6,4 billones harían parte del congelamiento anunciado por el Ministerio de Hacienda, para mejorar las finanzas públicas este año. 

En materia de funcionamiento, las obligaciones en el primer semestre del año representaban el 41,3% de las apropiaciones, cifra que supera en 0,4 p.p. lo registrado en el mismo periodo del año anterior, pero que se mantiene por debajo de lo ejecutado en el promedio de los últimos 23 años. 

El PGN de funcionamiento sin comprometer asciende a $165,6 billones y está sujeto a los recortes del decreto de congelamiento por $13 billones. 

Por sectores Inclusión Social y Reconciliación tiene una ejecución de apenas 20,2%, muy por debajo del promedio de 45,7% registrado en los últimos cuatro años. 

También se destaca la baja ejecución en la Registraduría, tecnologías de la información, inteligencia, y Agricultura y desarrollo social. 

En Inclusión Social y Reconciliación, la baja ejecución se debe a programas del Departamento de Prosperidad Social, DPS, que aún no tienen asignadas obligaciones en iniciativas como: superación de vulnerabilidad para víctimas del conflicto, entornos que promuevan la alimentación saludable, y sistema de transferencias y renta ciudadana. 

Este último programa está afectado por un recorte de gasto con una partida congelada de $223,1 mil millones. 

Fonvivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y responsable de los principales programas de subsidios, ha ejecutado solo el 8,4% de su presupuesto a junio. 

La baja ejecución en el rubro de inversión es del 8,5%, y el programa Mi Casa Ya, con un presupuesto de 3,4 billones de pesos (79% del total), solo ha ejecutado 76 mil millones. 

Por otra parte, desde el Ministerio de Agricultura, la menor ejecución está localizada en el rubro de inversión y más específicamente en el programa de modelos de producción sostenible y regenerativos en agricultura y ganadería.

Dentro de los puntos a resaltar se encuentran el Departamento Nacional de Planeación, DNP, Empleo Público, Minas y Energía, Ciencia, Tecnología e Innovación y Transporte.