El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, FEDe Colombia, tras evidenciar un escenario complicado y preocupante en el sector energético del país. 

La demanda apunta a un mayor riesgo de pérdida de seguridad y soberanía energética para los hidrocarburos y el gas en el país.

La entidad demandante viene alertando desde abril pasado de esta situación, que se ha sumado a las advertencias que han hecho diferentes gremios del sector mineroenergético y quienes tienen mayores preocupaciones ante la disminución de las reservas de petróleo y gas en el país y el fantasma del desabastecimiento de esos energéticos.

En un comunicado, citado por Oil Chanel, el Tribunal detalla que el pasado 29 de mayo de este año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó su informe de reservas y recursos para la vigencia 2023, en el que se demostró cuál fue la disminución de las reservas del país en ambos frentes. 

En el documento se confirmó que las reservas probadas de petróleo y gas en Colombia vienen agotándose cada vez más y cada vez más rápido. Mientras las primeras pasaron de 7,5 a 7,1 años, las segundas cayeron de 7,2 a 6,1 años.

En dicha acción judicial, se buscaría proteger “los derechos e intereses colectivos al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y al acceso a los servicios públicos de energía y gas, y los derechos de los consumidores y usuarios”, indica el comunicado.

Además de ello, precisan que al consultar las entidades accionadas, se encontró que aún no cuentan con un plan de acción frente a la inminente situación de desabastecimiento energético y que, además, el plan de reactivación de nuevos contratos ha tenido pocos resultados.

Condena al sector

El demandante precisa que, luego de que la ANH presentara su informe, también se presentó un documento que contenía las medidas adoptadas para garantizar la gestión efectiva de las reservas y recursos contingentes de petróleo y gas. Entre las estrategias se encontraba la creación de un comité interinstitucional, además de la actualización normativa, la reconversión de la infraestructura física, entre otras que aún no se han implementado, y que ya habían sido anunciadas en la presentación del informe del 2022.

“En parte, esto se debe a la decisión del Gobierno nacional de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Al consultar las entidades demandadas por FEDe. Colombia, se encontró que, a la fecha, no existe un plan de acción ni un trabajo articulado por parte de las autoridades competentes”, se destaca en el comunicado.