La ley de financiamiento recientemente presentada por el gobierno tiene tres tipos de componentes. Uno busca favorecer  la  actividad  económica:

reducir la tasa del impuesto de renta corporativo de manera diferencial por tamaño de empresa. 

El segundo recoge una serie de disposiciones para aumentar el recaudo a partir de 2025. Éstas recaerían sobre distintos grupos: personas naturales (ganancias ocasionales y renta personal), emisiones contaminantes, juegos de azar y apuestas, y el sector extractivo. 

El tercer componente busca relajar las limitaciones que la regla fiscal impone al gasto público para 2025.

Un análisis de la facultad de economía de la Universidad de Los Andes, señala que desde el punto de vista de impulsar la reactivación esta combinación tiene efectos ambiguos, especialmente porque la necesidad  de  reactivación  se  combina con la fragilidad fiscal que se manifiesta en un alto costo de la deuda pública, una alta prima de riesgo y una alta presión del pago de intereses sobre el gasto público.

El estudio indica que esa fragilidad fiscal constituye un riesgo adicional para el crecimiento económico, por sus efectos sobre la confianza inversionista  y  sobre  el  costo  de  la financiación para el resto de la economía.

Reducir la tasa general de impuesto de renta corporativo es una necesidad estructural del país. Por eso la hemos promovido en otras coyunturas en diferentes notas macro. 

Disminuir esa tasa mitiga una grave carga sobre la competitividad del país para atraer inversión y puede favorecer la actividad económica y la inversión, si bien seguramente más en el mediano y largo plazo que en el inmediato. 

Pero tiene un alto costo fiscal que resulta difícil de asumir en este momento de estrechez. Y su diseño progresivo en el tamaño de las empresas tiene el problema de desincentivar la inversión.

Si de recoger nuevos recursos se trata, los impuestos verdes son otra medida que hemos promovido en anteriores notas macro. La tasa de impuestos sobre las emisiones contaminantes es aún baja en el país para estándares internacionales y desestimular emisiones por la vía de la estructura tributaria representa un gana-gana en sostenibilidad ambiental y fiscal. 

Los impuestos verdes

Sin embargo, en el contexto de buscar reactivar la economía, los efectos de esos impuestos verdes pueden resultar contraproducentes porque encarecerían la energía, no solo el componente de combustibles fósiles sino la eléctrica que también depende de esos como insumo en parte de la generación. Los efectos potenciales de las demás medidas de recaudo contempladas en la propuesta de Ley pueden resultar menos benevolentes. 

El momento es particularmente malo para nuevos apretones a las personas naturales, cuando aún está por verse el efecto en el consumo de los hogares que tendrá el choque tributario que acaban de enfrentar asalariados de ingresos medios y altos, para quienes el gran desfase entre sus retenciones y el mayor impuesto implicó una gran sorpresa negativa sobre su ingreso disponible. 

Además, el mayor recaudo neto que se espera de esta reforma será un choque negativo para el gasto privado en agregado.

La regla fiscal

Preocupa  especialmente el componente que busca modificar la regla fiscal. Más allá de los argumentos puntuales para cada modificación propuesta,  evitar  un  mayor  endeudamiento es importante cuando el país se ha estabilizado en un nivel de deuda que se ha revelado como excesivamente alto por sus implicaciones para el pago de intereses por parte del gobierno. 

A esto se suma la consideración de que cualquier debilitamiento de la regla fiscal genera un ambiente de incertidumbre y afecta la confianza en la estabilidad  macroeconómica del  país, fundamental para la inversión.

Con todo lo anterior, no luce claro que el conjunto de estas disposiciones resulte favorable para la reactivación económica, y en particular para la prioritaria necesidad de reactivar por la vía de dinamizar la inversión. 

De hecho, podrían tener el efecto opuesto, especialmente si se minan la sostenibilidad fiscal o su credibilidad. 

Por supuesto, mayor espacio del gasto público que proveería una aprobación de la actual ley de financiamiento puede también ayudar por sí mismo a impulsar la economía desde la demanda pública.