El Ministerio del Interior confirmó la necesidad de realizar una consulta previa con las comunidades ubicadas en las cercanías del pozo Uchuva 2, ubicado en el Caribe colombiano, antes de iniciar la actividad de exploración.

De esta forma desde el Gobierno se busca continuar con los trabajos en el yacimiento gasífero que se encuentra dentro del llamado bloque Tayrona.

Como se recuerda, cuando se comenzó a hablar de los hallazgos de gas en la zona se presentó una acción de tutela presentada por Ariel Daniels de Andreis, quien actúa como Gobernador de la Comunidad Indígena de Taganga.

Este recurso estaba dirigido en contra del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Ecopetrol, Petrobras y otras entidades.

Se argumentó por parte del denunciante que se había vulnerado el derecho fundamental a la consulta previa, un mecanismo establecido para proteger los intereses y la participación de las comunidades indígenas en proyectos que puedan impactar sus territorios.

Tras una evaluación de los hechos, el Gobierno Nacional anunció su decisión de aceptar los argumentos expuestos por la comunidad.

De esta forma se establece que cualquier actividad relacionada con el pozo deberá ser precedida por un proceso de consulta previa, en el cual las comunidades potencialmente afectadas puedan expresar sus inquietudes, puntos de vista y condiciones.

El fallo de tutela había generado una gran controversia en divaza ersos sectores, especialmente entre quienes veían la suspensión de las actividades como un obstáculo para la explotación de recursos naturales en la región.

La decisión final del MinInterior garantiza la participación de las comunidades locales en proyectos que puedan alterar su entorno o su modo de vida.

De esta forma se fortalece la relación entre las comunidades y las instituciones encargadas de proyectos energéticos en el país.

Las próximas etapas incluirán la planeación y ejecución de los procesos de consulta previa, en los que las comunidades tendrán un papel central.