Preocupación ha causado la repentina disminución del precio del arroz paddy verde que se paga al productor por parte de la industria molinera en todas las zonas arroceras, de acuerdo con los reportes que se conocen en las diferentes seccionales de Fedearroz.

Esta situación es de una enorme gravedad ya que afecta en gran medida los ingresos de la cosecha de los productores, que sembraron en el segundo semestre de este año, según ha indicado el gerente general de la agremiación Rafael Hernández Lozano.

El dirigente gremial sostuvo que con la reducción de precios que se viene dando, los agricultores no cubren los costos de producción, lo que implica no solo perder el capital invertido; sino que pone en riesgo las siembras del primer semestre del 2025, por la incertidumbre que se causa a todo el sector, hecho que puede afectar la seguridad alimentaria de país.

“No puede olvidarse que en medio de los continuos esfuerzos de los productores, han debido soportar los efectos negativos del Cambio Climático que ha reducido sus niveles de productividad, escenario al que ahora se suma la decisión de la molinería de bajar los precios de compra, siendo por lo tanto esta actitud, un nuevo factor que pone en riesgo la sostenibilidad del cultivo en el corto plazo”, ha manifestado enfáticamente el Gerente General de Fedearroz.

El dirigente gremial hace un urgente llamado al gobierno nacional para que se tomen medidas que permitan crear las condiciones necesarias para evitar que el precio siga cayendo y para apoyar a los productores.

Dentro de tales acciones, está el detener las importaciones de arroz, que en el último año crecieron un 52 %, pasando de 125.111 toneladas de arroz blanco en 2023 a 190.248 toneladas en 2024, siendo Ecuador el país desde donde se ha registrado el mayor incremento, pues pasó de 3.942 toneladas a 56.674, es decir 13 veces más.

“Este incremento de las importaciones, se constituye en una afrenta al esfuerzo de miles de familias campesinas que se dedican al cultivo y que a través de su diario trabajo garantizan que el arroz que necesita el país, sea proveído por manos colombianas.

Parar este flagelo, es una medida acorde con la obligatoriedad que impone al Estado los artículos 64 y 65 de la Constitución, de proteger la producción nacional”, puntualizó Hernández Lozano.

También se considera como medidas importantes, aprobar nuevamente el incentivo al almacenamiento de arroz, mecanismo que tras existir hasta el 2022, aportaba a la estabilidad del mercado, ya que permitía retirar existencias temporales en época de alta cosecha, disminuyendo la oferta del cereal. Así mismo se pide estudiar la posibilidad de otorgar un auxilio de transporte de la cosecha a los agricultores, para reducir el impacto negativo de los bajos precios.

“Consideramos inadmisible que con una inflación estimada para 2024 de 5.2 %, el precio del arroz al productor en lugar de incrementarse, sea castigado con una disminución del 12 % entre diciembre de 2023 y diciembre 2024, impactando de forma directa el poder adquisitivo de los productores y su permanencia en el negocio; esto sin considerar aún el aumento de los costos de producción para el año 2025, que se ocasionarán, entre otros factores, por el incremento del salario mínimo, lo que afectará especialmente a los pequeños y medianos cultivadores.”