De acuerdo con el más reciente informe de la Red Global de Crisis Alimentarias, para 2023 1,3 millones de personas residentes en Colombia fueron afectadas por la inseguridad alimentaria aguda, estas ubicadas especialmente en zonas rurales. Situación a la que se sumaron para el mismo periodo, 2,9 millones de migrantes.

De otro lado, el Informe Mundial del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, SOFI 2023, para el 2021 el 31,3% de la población no lograba acceder a una dieta saludable (3,3 USD costo de la dieta saludable -dólares PPA por persona al día-), situación que conduce y se asocia a las estadísticas de inseguridad alimentaria.

Frente a esta situación el Gobierno nacional ha venido en construcción de varias medidas para dar un mayor impulso al sector agropecuario del país, fijando como prioridad a los productores en pequeña escala dedicados a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, ACFC, quienes proveen y se autoabastecen en al menos un 75% con los alimentos que producen.

“Este paquete de medidas, que vinculan créditos, seguros, mejoramiento de semillas adaptadas a la variedad de climas, así como la producción de bioinsumos, están encaminadas hacia una mayor productividad, la reducción de costos de producción y la venta de los alimentos, e incluso la apertura de nuevos mercados en el exterior, procesos en los que la FAO ha brindado su acompañamiento a instituciones del orden nacional y local en busca de mejorar el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios”, afirmó Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia.

Entre otras acciones, vale la pena resaltar la inclusión de Colombia en la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos en agosto de 2023, fundamentales para proveer una oferta estable de alimentos y facilitar el acceso de la población más vulnerable a una alimentación saludable.

En línea con esta iniciativa y lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, “desde la FAO hemos establecido prioridades en el trabajo conjunto con Colombia diversas acciones que buscan viabilizar el cumplimiento de las metas nacionales en torno a:  el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, la transformación productiva, internacionalización y acción climática, y la convergencia regional”, agregó Zimmermann.

América Latina

El nuevo informe Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe, realizado en conjunto por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Programa Mundial de Alimentos, WFP, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, advierte que los costos de no combatir el hambre y la malnutrición pueden llegar a ser más altos que los de las soluciones para garantizar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición.

Según el reporte, se estima que el gasto producido por la inacción ante el impacto del hambre y la malnutrición representa en promedio un 6,4% del PIB de los países estudiados.

En contraste, el promedio del costo de trabajar para cerrar la brecha de ingresos con transferencias para el acceso a dietas saludables es 1,5 % del PIB, sin incluir costos de gestión e implementación.

El informe identifica diferentes tipos de financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe y su relación en el PIB regional: el financiamiento del consumo y la producción de alimentos; el gasto público relacionado a gastos agropecuarios y de protección social; los flujos internacionales de desarrollo; y el financiamiento proveniente del sistema bancario y los mercados de capitales.