El Gobierno inició en el municipio de Cogua, Cundinamarca, la defensa jurídica para proteger el territorio de la minería extractiva que lo amenaza. 

Así lo anunció la ministra de Agricultura, Jhenifer al radicar una acción judicial para respaldar un acuerdo expedido por el Concejo municipal que impedía las actividades mineras que pudieran resultar en afectaciones al río Neusa, fundamental para la población. 

Dicho Acuerdo fue emitido el 30 de noviembre de 2021 y prohibía las actividades de tala, perforaciones, excavaciones, desviaciones, rellenos, canalizaciones, entre otras, que afectaran el agua, el paisaje, la biodiversidad y el suelo. Así, se buscaba proteger el río Neusa, el cinturón de cerros occidentales del norte y nororiente del municipio, así como el cerro El Púlpito, que sirve como zona de recarga hídrica y abastece los acueductos rurales y usos agropecuarios. 

Sin embargo, en 2022, el acuerdo municipal fue demandado por parte de quienes tienen intereses en llevar a cabo actividades extractivas en el municipio, con el argumento de que se trataba de un veto a la minería en Cogua. Actualmente, existen 34 títulos mineros vigentes y otros 22 están en proceso de solicitud para ejecutarse en esta localidad. 

Por eso, el Ministerio radicó una coadyuvancia ante el Juzgado Segundo Administrativo de Zipaquirá para que no declare la nulidad del Acuerdo municipal. Dicha acción la interpuso con base en el nuevo estándar de derechos para el campesinado, reconocido con la modificación del artículo 64 de la Constitución Política que aprobó el Congreso de la República en la legislatura pasada. 

Esa modificación reconoció que las dimensiones ambiental, agroalimentaria y política de los campesinos tienen una protección reforzada. Así, la concesión masiva de títulos mineros en la zona sería una afectación gravísima a esas dimensiones y al derecho humano a la alimentación. 

“En esta coadyuvancia en defensa de la decisión autónoma de los habitantes de Cogua lo que estamos diciendo es que ese paradigma cambió, y desde el pasado 5 de julio se aprobó la reforma constitucional que reconoce al campesinado y su derecho a la tierra, al agua, a su autonomía, a producir alimentos en las prácticas agrícolas que definan y su derecho en la toma de decisiones que los afectan”, sostuvo la ministra Jhenifer Mojica. 

La coadyuvancia quedó radicada ante el jugado de Zipaquirá, y en ella también se pide que se realice la audiencia pública del proceso para que se brinde la posibilidad de presentar por parte de entidades y sociedad civil sus argumentos para que el juez no declare la nulidad del acuerdo municipal.

Área de Protección para la Producción de Alimentos 
Pero, además, en la acción radicada, el Ministerio anunció que declarará un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Cogua. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, los municipios deben ordenar su territorio de manera que aseguren dichas APPA. 

Entre los objetivos de esas áreas está promover el uso eficiente del suelo rural agropecuario, mantener y proteger las condiciones de los suelos para la producción sostenible de alimentos, sobre todo aquellos donde predomina la economía campesina, familiar y comunitaria, así como promover la disponibilidad de alimentos para garantizar el derecho humano a la alimentación. 

“Hoy vamos a declarar el Área de Protección para la Producción Alimentaria en Cogua porque esta es una determinante dentro del ordenamiento territorial para proteger el suelo rural de producción alimentaria de las otras determinantes del territorio. ¿Cómo no le vamos a deber a nuestros productores todos nuestros mecanismos para la protección? No podemos permitir que la despensa alimentaria de Colombia se afecte por agendas que ponen en crisis la producción alimentaria, que cambien el uso de los suelos rurales que le quita las tierras a los productores y agricultores”, aseguró la ministra Mojica.

Por su parte, Juan Pablo Motta, vocero de la comunidad y quien ha liderado activamente la defensa del municipio frente a la minería señaló que “al defender el medio ambiente estamos defendiendo los derechos humanos. Como lo dice el presidente Gustavo Petro: sin justicia ambiental no hay justicia social, y a eso tenemos que apuntarle”.