Si se quiere subsidiar el transporte público  y llevarlo a la llamada tarifa cero la financiación tiene que ser a través de impuestos generales, como pasa en prácticamente todo el mundo. Atar ese sobrecosto a la tarifa de energía, es problemático e inviable, sostiene un reporte de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF.

A juicio del Think Tank colombiano, llevar a cabo un programa de estas características atado al cobro de la energía eléctrica va en contra de  aumentaría el costo del servicio para todos los hogares. Incluso en un escenario de tarifas progresivas, habría hogares que pagarían más del doble de lo que pagan hoy en día.  De entrada, eso hace inviable la propuesta.

La investigación señala que en el mejor escenario, en el que hay un cobro progresivo dependiendo del estrato socioeconómico, habría hogares que pagarían más del doble de lo que pagan hoy en día. Eso es sencillamente inviable. Recapitulemos el ejercicio, aclara el centro de estudios.

Como ejemplo, un hogar de estrato 2 pasaría de pagar $82 mil pesos al mes, a pagar hasta $178 mil pesos si se financia todo el costo operativo del sistema. De igual manera, un hogar de estrato 5 pasaría de pagar $121 mil al mes a pagar $350 mil. Definitivamente, un aumento en más del doble de la tarifa actual para ciertos hogares es inviable. 

Ese aumento en el costo de la factura podría traducirse en situaciones de impago o de conexiones ilegales al sistema, dependiendo de cómo se decida distribuir el cobro a lo largo de la población.

Además indica que, llevar a cabo esta propuesta podría afectar el mercado de energía de forma irreparable, pues se estaría aumentando el costo total de la factura.

Otro de los aspectos contemplados los ANIF señala que financiar el transporte público ligado al servicio de energía afectaría la canasta familiar y cambiaría de manera radical los incentivos para la utilización del servicio de transporte y de energía residencial.

Reconoce el análisis que ve como un objetivo loable implementar subsidios para las personas de bajos ingresos, estudiantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, como lo hacen muchos países del mundo.