América Latina y el Caribe logró importantes avances en resiliencia macroeconómica en las décadas anteriores y atravesó las múltiples crisis de la post pandemia con relativo éxito. Sin embargo, de acuerdo con un nuevo reporte del Banco Mundial el crecimiento sigue siendo insuficiente para reducir la pobreza y crear empleos, mientras las restricciones fiscales limitan la posibilidad de hacer las inversiones necesarias. 

El informe estima que el PIB regional crecerá un 2,0 % en 2023, ligeramente por encima del 1,4 % proyectado anteriormente, pero aún por debajo del de todas las demás regiones del mundo. Se esperan tasas del 2,3 y 2,6 % para 2024 y 2025. Estas tasas, similares a las de la década de 2010, no son suficientes para lograr los avances tan necesarios en materia de inclusión y reducción de la pobreza.

El informe de la multilateral reporta que Colombia crecerá al cierre de 2023, en 1,5%, para 2024 se proyecta un aumento en el PIB de 2,1% y para 2025 de 3,3%.

“La región ha demostrado ser en gran medida resiliente a los diversos shocks externos posteriores a la pandemia, pero lamentablemente el crecimiento sigue siendo anémico”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Los países deben encontrar urgentemente formas de impulsar la inclusión y el crecimiento, mejorar la gobernanza y generar consenso social. Las soluciones digitales pueden ser parte de la respuesta, ya que ayudan a complementar las reformas estructurales para aumentar la productividad, mejorar la prestación de servicios para la población y respaldar la eficiencia del gobierno. Vemos aquí una gran oportunidad para la región”.

Según el reporte, la región llevó a adelante reformas macroeconómicas apropiadas en las últimas tres décadas, que proporcionaron una mayor resiliencia ante shocks como las presiones inflacionarias, la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania, los bajos precios de las materias primas y la creciente deuda en la etapa post pandemia. La pobreza y el empleo han vuelto en general a sus niveles previos a la crisis, y la inflación, excluyendo a Argentina y Venezuela, ha caído a un promedio regional del 4,4 %, por debajo de los países de la OCDE.

Aunque mejor que seis meses atrás, el contexto global sigue siendo adverso, marcado por altas tasas de interés, bajo crecimiento en las economías avanzadas y perspectivas inciertas para China. Los gobiernos también seguirán enfrentando restricciones fiscales. Si bien la relación deuda-PIB se estima en 64 %, frente al 67 % de hace un año, todavía está por encima del 57 % registrado en 2019 y las altas tasas elevaron la carga que representa el servicio de la deuda.

"La inversión pública y privada en conectividad digital puede estimular nuevos sectores y empleos, ofrecer nuevas áreas de comercio y aumentar la eficiencia, la calidad y la inclusión de los programas gubernamentales que van desde la educación hasta la extensión agrícola en zonas rurales remotas", dijo William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. “Sin embargo, la conectividad digital no es una fórmula mágica para el crecimiento y puede exacerbar las desigualdades sociales existentes si no se hacen inversiones complementarias en habilidades, finanzas y sistemas regulatorios para hacer realidad la promesa de las tecnologías digitales para todos”.

Para ayudar a América Latina y el Caribe a aprovechar las ventajas de la economía digital, incluyendo al mismo tiempo a los más pobres y promoviendo una mejor gobernanza, el informe describe las brechas y oportunidades existentes en la digitalización, tales como:

-Infraestructura: el acceso a Internet móvil es muy extendido, pero persiste una brecha de cobertura (áreas sin red de banda ancha móvil) del 7 % de la población (45 millones de personas). El 74 % de los hogares urbanos tiene acceso a Internet fijo, y sólo el 42 % en las zonas rurales. La calidad también es un problema: el 55 % de los hogares con algún tipo de conexión a Internet señalan la baja calidad de los servicios. Para abordar estas disparidades se requiere una combinación de innovaciones tecnológicas e institucionales que faciliten el acceso a Internet.

-Brechas de uso: el 38 % de la población (240 millones de personas) vive en áreas con cobertura de Internet, pero elige no conectarse. Las razones de esto incluyen el alto costo de los servicios de Internet, la falta de conciencia sobre las posibles ventajas de la conectividad y el desconocimiento de las plataformas digitales. Para reducir estas brechas es fundamental abordar el problema de la asequibilidad y ampliar las habilidades digitales.

-Más allá del acceso: para garantizar la inclusión es esencial invertir en áreas complementarias. El acceso a banda ancha por sí solo no es suficiente. Las personas necesitan contar con herramientas y capacidades para aprovechar las oportunidades de la economía digital. Las áreas críticas de acción incluyen el fortalecimiento de las habilidades del capital humano digital y tradicional, así como de las competencias de gestión; asegurar la disponibilidad de financiación; protocolos gubernamentales eficientes y una estructura regulatoria de apoyo.

-Gobernanza: las herramientas digitales pueden hacer que los gobiernos sean más receptivos al facilitar las transacciones con los ciudadanos, mejorar la eficiencia y calidad de la prestación de servicios y promover la inclusión. Reducir los costos de transacción beneficia particularmente a los segmentos más remotos y desfavorecidos de la sociedad. El empleo de redes y herramientas digitales puede ayudar a reducir la gran proporción del PIB (hasta un 4 %) que se pierde en ineficiencias del gasto público.