Guillermo Jaramillo anunció que la Alcaldía le solicitó al Tribunal Administrativo del Tolima que retire la pregunta de la Consulta Popular Minera de Ibagué que se encuentra bajo el estudio de constitucionalidad en dicha corporación. 

De acuerdo con el alcalde Jaramillo, la intención de la Administración Municipal es presentar una nueva pregunta ante el Tribunal Administrativo del Tolima en la cual quede claro el tipo de minería que se busca frenar por medio de la Consulta Popular en la capital del Tolima. 

“Presenté esta carta a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima para retirar la pregunta de la Consulta Minera, y que nos permita formular una nueva para que quede claro qué clase de minería es la que no queremos en la ciudad”, indicó el Alcalde. 

 “Nosotros nunca hemos dicho que estamos en desacuerdo con la minería en términos generales. No estamos lesionando a los areneros, inclusive con CORTOLIMA estamos entregando carnés a 250 personas que trabajan a la orilla del río Combeima que sacan arena y balastro. No estamos en contra de la minería de cemento, solo pedimos que la industria no sea contaminante”, sostuvo el Alcalde.

Además de ello, el mandatario hizo referencia a las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que avalan la realización de consultas populares para decidir sobre asuntos mineros en los municipios. 

“Debe destacarse que, desde el momento que se puso la pregunta a consideración del Concejo Municipal, las más altas instancias judiciales del país han reconocido la legalidad de las consultas populares sobre minería”, afirmó Jaramillo. 

Cabe mencionar que uno de los argumentos jurídicos que avalan a la Alcaldía de Ibagué es la sentencia T-445 de la Corte Constitucional, en donde se manifiesta que los municipios sí tienen la potestad para decidir sobre el uso del subsuelo. 

“Los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”, dice la sentencia. 

El mandatario local también hizo referencia a los artículos 311 y 313 de la Constitución Política en donde se determina la potestad de los municipios para decidir sobre el suelo. Además, mencionó la sentencia C-273 del Consejo de Estado por medio de la cual se establece la legitimidad de las consultas populares para prohibir actividades mineras. 

“Este Municipio tiene una vocación agropecuaria, no minera. Y necesitamos el agua para poder mantener un acueducto para no menos de un millón de habitantes que tendrá Ibagué en los próximos 20 años”, dijo el Alcalde. 

Jaramillo informó que la nueva pregunta de la Consulta Popular Minera será presentada por parte de la Administración Municipal en los próximos días ante el Tribunal.

De ser aprobada la nueva pregunta por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, se convocaría nuevamente a la ciudadanía para que participe en la Consulta Popular Minera de Ibagué.