Econoticias conoció que a raíz del traslado por parte de la Contraloría de Ibagué de un hallazgo disciplinario que se evidenció en el contrato realizado entre Infibagué y el Consorcio AMR para la construcción del Mega Parque Santa Rita, la Procuraduría Provincial abre indagación preliminar a la gerente Yolanda Corzo.

Cabe destacar que el contrato que empezó con un presupuesto de $4.113 millones terminó costándole al municipio $5.681 millones, debido a esto es que el organismo de control advierte que existió falta de planeación, al igual lo que sucedió con las prórrogas es otro insumo que se tendría para el proceso.

A esto hay que agregarle la incertidumbre existente por la propiedad del predio. En la última decisión el municipio perdió una tutela que buscaba que el lote no fuera entregado a privados. (Alcaldía de Ibagué tendrá que devolver el predio en el cual fue construido el Mega Parque de Santa Rita).

Esta semana la propia gerente de Infibagué, Yolanda Corzo, presentó denuncia en la Fiscalía contra un integrante del comité evaluador, se trata de Carlos Oviedo Chavarro, quien no advirtió de un posible conflicto de intereses debido a que hasta el pasado 13 de febrero era el dueño del 50% de la compañía Tecnilumia, empresa que fue la encargada de dar la certificación para que la Unión Temporal Iluminación Infibagué 2019, pudiera acreditar la autorización para la comercialización por parte del fabricante de las luminarias, requisito fundamental para lograr la adjudicación de este proceso.

Cabe destacar que en la actualidad también existe una denuncia en la Fiscalía contra la Unión Temporal Iluminación Infibagué 2019, representada  legalmente por la señora, Adriana Correa, para que se determine si  con su actuar se incurrió en algún tipo penal, y si con ello se afectó la decisión adoptada por la entidad convocante. (Por ahora no se legalizará el contrato con la Unión Temporal iluminación Infibagué 2019). 

En un comunicado a la opinión pública Infibagué manifestó que “Se inició el procedimiento  para convocar una mesa de trabajo con los organismos de Control y vigilancia municipal como Personería y Procuraduría Administrativa delegada para la contratación pública, para que con su concurso se adopten las decisiones correspondientes, al avizorarse que con la conducta del profesional pueda existir una presunta afectación al principio de transparencia, vulneración de los derechos colectivos, moralidad, celeridad y  al erario público, entre otros. Mientras estos procedimientos previos no se agoten en el marco del debido proceso, el derecho de defensa y contradicción  que regla la legislación colombiana,  es imposible adoptar una decisión de fondo al respecto”. (Personería Municipal le da la espalda a Infibagué).