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Volqueteros de Ibagué protestan en Picaleña por contratación de vehículos de otras ciudades

La situación ha generado un bloqueo en una de las calles del sector, donde aproximadamente 10 a 12 volquetas están estacionadas en espera de una solución.
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8 Ago 2024 - 11:44 COT por Jorge Cortés

En la mañana de hoy, conductores de volquetas se reunieron en el barrio Picaleña de Ibagué para manifestar su descontento ante la contratación de vehículos provenientes de otras ciudades por parte de una empresa que opera en la capital tolimense. Los volqueteros, miembros de la Asociación de Volqueteros del Tolima (Asvomator), denuncian que desde hace dos meses la empresa Atlas ha estado trayendo vehículos externos, lo que les ha dejado sin trabajo.

Alexander Restrepo Mondragón, uno de los representantes de los conductores, explicó que han intentado dialogar con un ingeniero de la empresa, quien aseguró que los vehículos pertenecen a otros contratistas. Sin embargo, los volqueteros sostienen que los conductores de esos vehículos afirman trabajar directamente para Atlas, empresa que realiza un proyecto de paneles solares en la zona.

La situación ha generado un bloqueo en una de las calles del sector, donde aproximadamente 10 a 12 volquetas están estacionadas en espera de una solución. Los manifestantes han señalado que permanecerán allí hasta que reciban una respuesta favorable que les permita trabajar en su propia ciudad.

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William Valderrama, directivo de Asvomator, expresó la frustración del gremio ante la llegada de volquetas de otras ciudades, mientras los conductores locales se ven excluidos del trabajo. Según Valderrama, esta práctica se repite con frecuencia, y se sospecha que los precios más bajos ofrecidos por los vehículos foráneos son la razón principal de su contratación.

Los volqueteros esperan que las conversaciones con los representantes de Atlas, que se desarrollan en este momento, concluyan con un acuerdo que favorezca a los trabajadores locales. Hasta entonces, continuarán con su protesta, exigiendo que se respete el 75% de la mano de obra no calificada que, por ley, debe ser para los habitantes de la región.

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