Decreto de la Alcaldía Jaramillo se volvió una piedra en el zapato para el sector gastronómico
El sector gastronómico de Ibagué ha solicitado a la administración de la alcaldesa Johana Aranda revisar un antiguo decreto expedido durante el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo, el cual se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza.
Se trata de un acto administrativo de mayo de 2017 que establece la reglamentación para el aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad.
Según Edison Puentes, presidente de Acodrés Tolima, este decreto impone un cobro por el uso de los antejardines en los restaurantes, calculado con base en el Salario Mínimo Legal Vigente Diario, el área de aprovechamiento económico en metros cuadrados y el estrato del establecimiento.
"Estamos hablando de que un estrato tres y cuatro estaría pagando 32.250 pesos por metro cuadrado de antejardín", explicó Puentes, señalando que la medida está causando problemas económicos a los restaurantes.
El pago de este concepto asciende a unos 400.000 pesos mensuales, lo que afecta otros aspectos como la generación de empleo.
"Este dinero lo recauda la Gestora Urbana. Nosotros siempre hemos dicho: se puede pagar, pero que este dinero sea retribuido en la zona donde están los restaurantes pagando. (…) Lamentablemente, no vemos que el dinero se invierta en esto", añadió Puentes.
Por esta razón, Acodrés Tolima ha solicitado un reajuste del decreto, especialmente considerando que los últimos años no han sido favorables para los restaurantes en términos económicos.
