La ilegalidad y la informalidad en el transporte de Ibagué se estarían convirtiendo en un obstáculo de grandes proporciones para el sistema de transporte de la ciudad.

El crecimiento descontrolado del transporte informal puede saturar el mercado, afectando el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ciudades como Sincelejo, Montería y Valledupar son ejemplos de los peligros que esta situación puede acarrear.

Un aumento en los servicios de transporte informal impactaría negativamente en la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas formales.

Empresarios del sector han manifestado en múltiples ocasiones que uno de los factores más relevantes en la sobreoferta del parque automotor en Ibagué es la supuesta falta de control y operatividad por parte de la Secretaría de Movilidad.

Los efectos podrían ser desastrosos para el sector: menos buses y menos frecuencias, lo que llevaría a que muchos conductores pierdan sus empleos y que los propietarios de vehículos pierdan la oportunidad de seguir trabajando. Esta situación, advierten algunos, podría disparar el desempleo y la inseguridad en la ciudad.

¿Soluciones?

Para garantizar que el transporte público siga siendo asequible y accesible, los entes territoriales deben crear un Fondo de Estabilización Tarifaria.

Este mecanismo legal busca cubrir la diferencia entre la tarifa técnica, que representa el costo real de transportar un pasajero, y la tarifa que se cobra al usuario. Sin embargo, en Ibagué aún no se ha identificado claramente cuál es la necesidad o el déficit a cubrir para implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).

En otras ciudades del país, esta diferencia ha generado crisis económicas en las empresas que prestan el servicio de transporte público, deteriorando la calidad del servicio con menos frecuencias y mayores tiempos de espera, lo que da pie a una mayor proliferación de la informalidad.