El Gobierno actualizó la reglamentación para los vertimientos de las empresas a los alcantarillados, ríos y demás fuentes hídricas, con el objetivo de mejorar la calidad del agua en el país en cinco años.

El decreto 1594, que regía desde 1984, distinguía entre usuarios nuevos y usuarios existente previamente, siendo más estricto con los primeros. Ahora, la resolución 0631 que acaba de expedir el Ministerio del Ambiente les da igual trato.

Pero además, la nueva norma deja de lado el concepto de carga contaminante y establece una medición según la concentración (antes se hacía por kilos de contaminantes y ahora es por miligramos por litro).

Según el Ministerio, esto permite hacer un mejor control por parte de las mismas empresas y las autoridades.

Un tercer aspecto de la 0631, expedida el pasado miércoles, es que diferencia las cantidades de contaminantes permitidas de acuerdo con 8 sectores (servicios públicos, alcantarillado, agricultura, ganadería, minería, hidrocarburos, manufactura y servicios varios) y 73 actividades productivas.

Una fuente del Minambiente aclaró que la nueva reglamentación no solo es aplicable al sector empresarial sino a los municipios, las empresas de servicios públicos, los hoteles y todo establecimiento potencialmente contaminante del agua.

Aunque no habla de sanciones, estas figuran en la Ley 1333 del 2009 y en el código penal. Pueden ir hasta los 2.500 millones de pesos de multa, cierre del negocio y cárcel.

El estudio Nacional del Agua realizado por el Ideam hace cinco años (ENA2010) diagnosticó los cuerpos de agua en el territorio nacional y destacó problemas como la alta concentración de material orgánico, el exceso de nutrientes, turbiedad por arrrastre de sólidos y problemas de coloración.