El Estado colombiano se ha caracterizado por una tradición de consideración y respeto a la autonomía y la independencia judicial como pilares de nuestro sistema jurídico-político. 

Así lo reafirmó la Constitución de 1991 cuando estableció una serie de mecanismos para asegurar que Colombia tenga un sistema sólido y fuerte ante las presiones ajenas, el cual es garantía para que los procesos que se adelanten ante la justicia sean analizados y fallados de acuerdo con las normas jurídicas. 

Estos pilares deben continuar siendo protegidos, pues profundizan la legitimidad de la Rama Judicial y fortalecen la democracia.

Hoy, dada la relevancia y el interés de los asuntos que están siendo objeto de resolución por parte de autoridades judiciales en el país, la Corte Suprema de Justicia manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

Ese tipo de afirmaciones no sólo erosionan la credibilidad y la confianza pública en la justicia, sino que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de los jueces y magistrados encargados de resolver los casos.

Por otra parte, los sujetos procesales siempre pueden expresar sus desacuerdos a través de las vías y dispositivos que ofrece el derecho para controvertir el contenido y el alcance de los fallos contrarios a los intereses de los involucrados.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia hace un firme llamado a los diferentes líderes políticos y de opinión, y a la sociedad en general a ponderar sus expresiones, y a las partes a las que conciernen directamente los procesos, a manifestar sus desacuerdos en el marco del debido proceso garantizando el respeto por la autonomía y la independencia judicial.