La abogada, líder del Centro Democrático, Amalia Salgado,  radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la Circular emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro el pasado 27 de mayo, por considerar que esta medida “rompe el principio de legalidad, vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada y constituye una extralimitación inaceptable del Estado”.

La circular establece que, para poder escriturar un predio rural en zonas priorizadas para la reforma agraria, los propietarios deben diligenciar un formulario electrónico y esperar respuesta de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, o el vencimiento de un plazo de 15 días. Esta exigencia, desborda la competencia legal de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien no puede imponer condiciones adicionales a las previstas por la Ley 160 de 1994, la cual, regula el acceso a tierras rurales y de la opción de compra preferente por parte del Estado.

“Este no es un trámite técnico, es una condición que bloquea el derecho a escriturar. No es un paso menor: es la cuota inicial de una expropiación silenciosa”, afirmó Salgado.

En el recurso, se advierte que la Superintendencia no tiene facultades legales para establecer restricciones al derecho de dominio ni puede imponer obligaciones nuevas a los ciudadanos por medio de una simple circular administrativa.

La medida, además, afecta la seguridad jurídica, introduce trabas burocráticas sin sustento legal y genera un riesgo de perjuicio irreparable para los propietarios rurales.

“Aquí lo que está en juego es la democracia. Este es el quiebre de la legalidad y de la propiedad privada. Lo hacen sin ley, sin compensación, sin garantía. Y por eso lo denunciamos con argumentos”, aseguró la demandante.

Desde su papel como dirigente de oposición y mujer llanera que conoce el valor de la tierra y lo que representa  en las regiones, Salgado subrayó que la tierra no es solo un bien material sino parte esencial de la identidad y del arraigo de miles de familias rurales:

“Cómo llanera sé lo que significa tener tierra, trabajarla, heredársela a los hijos. Por eso presenté esta demanda: porque ningún gobierno puede pisotear el derecho de los ciudadanos a disponer libremente de lo que es suyo".

La acción jurídica también solicita la suspensión provisional de la Circular, por considerar que fue expedida con falsa motivación, al interpretar de manera forzada el Decreto 033 de 2025, que únicamente ordena habilitar un canal de información para la ANT, sin imponer condiciones a los particulares.

“Estamos viendo una política pública que se disfraza de trámite administrativo para avanzar sin controles hacia el debilitamiento del derecho de propiedad. Si permitimos esto hoy, mañana nadie tendrá garantías sobre su tierra”, advirtió Salgado.