Un tajante rechazo hizo la Defensora del Pueblo Iris Marín a la designación del abogado Daniel Mendoza como embajador ante el Reino de Tailandia.

El creador de la serie ‘Matarife, fue propuesto como jefe de la delegación diplomática de Colombia en ese país de oriente por parte del presidente Gustavo Petro.

Hace minutos, la Defensoría del Pueblo, que dirige Iris Marín, calificó el hecho como un retroceso en la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos de las mujeres y la niñez.

En un comunicado la funcionaria expresó que “El señor Mendoza ha expresado públicamente su satisfacción por relaciones sexuales con niñas que en ocasiones se refiere que se encuentran alteradas en la consciencia. Las actuaciones de Daniel Mendoza alientan la violencia sexual de género y particularmente contra los niños. Con el nombramiento, el Gobierno desconoce que esta es una cultura violenta y violenta contra los más vulnerables".

A continuación, en su declaración señaló,"Nuestro Estado no se puede convertir en una dolorosa caricatura ilustrativa de la cultura violenta promovida por las altas autoridades que ni siquiera se están dando cuenta de la realidad. El Gobierno ha dicho que rechaza la violencia de género, pero hoy, una vez más, lo refuta con su acción. Esto no es emancipatorio, en vez de rebelarse contra la tradición, mantiene la tradición de violencia de género y contra la niñez. Esto desprotege al pueblo, a las persona más desaventajadas, a las mujeres y a las niñas. Falla a las personas que desde el propio gobierno trabajan y promueven la igualdad de género”.

Marín le pidió al Gobierno que sus decisiones retrasen el derecho de las mujeres y de las niñas a un buen futuro y a vivir una vida libre de violencia.

La posición de Marín se une a la petición de la representante a la Cámara, Lina Garrido, quien señaló en una carta enviada la embajada de Tailandia en Colombia que “Daniel Mendoza ha demostrado, a través de múltiples expresiones públicas en sus redes sociales, un patrón reiterado de agresiones sexuales de carácter verbal, incluso dirigidas hacia mujeres menores de edad. Estas conductas no solo son inaceptables desde cualquier perspectiva ética y moral, sino que además constituyen una violación flagrante de la legislación nacional e internacional que protege los derechos de las mujeres".