En medio de un debate de control político realizado en el Concejo Municipal, el concejal Jorge Bolívar lanzó duras críticas contra la Unidad de Salud de Ibagué (USI), cuestionando el manejo de los recursos públicos y exigiendo la intervención inmediata de la Superintendencia Nacional de Salud.

“El presupuesto de la USI parece haberse convertido en una bolsa de empleo”, afirmó el cabildante conservador, al advertir que más del 70% de los recursos de la entidad estarían siendo destinados al pago de personal. Según Bolívar, actualmente hay más de 1.300 personas vinculadas, sin contar la planta temporal y los contratos por prestación de servicios.

“Entre la administración pasada y la actual, se le han girado más de 53 mil millones de pesos a la USI, y aún así, no hay recursos para construir un puesto de salud. ¿Dónde está la plata?”, cuestionó en su intervención.

El concejal también denunció la precariedad en la prestación de servicios básicos de salud, como la toma de exámenes, el funcionamiento de laboratorios, ambulancias y quirófanos. “Solo está funcionando un laboratorio, ubicado en el hospital San Francisco. A los pacientes les toman las muestras en los puestos de salud y luego las trasladan en moto hasta allá. Es inaceptable”, enfatizó.

Según Bolívar, los retrasos en servicios como la entrega de medicamentos, exámenes de rayos X que solo puede realizarse en un único equipo ubicado en el hospital del sur y la falta de ambulancias agravan la situación. Incluso, denunció que el equipo de rayos X en uso ni siquiera es propiedad del municipio y se ha pagado más de 1.200 millones de pesos a un tercero por su operación entre 2024 y 2025.

“Hay dos quirófanos en la USI que no están funcionando y solo una ambulancia disponible en la noche. De los 19 centros de salud que existen en Ibagué, solo 8 están en operación. ¿Dónde están los recursos?”, reiteró.

El concejal concluyó su intervención solicitando formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud, que intervenga la entidad. Además, convocó a la Personería y a la Contraloría Municipal para que inicien investigaciones sobre el uso de los recursos públicos.

“Los ibaguereños siguen esperando por los centros de salud del Salado y el Topacio. Hay más de 12 mil millones de un empréstito aprobado desde 2020, y no se ha puesto ni un ladrillo. Ya no queremos más promesas, queremos hechos”, puntualizó.