La decisión ha generado preocupación entre líderes y habitantes, quienes aseguran que se trata de una oportunidad de desarrollo para la región que no debería ser frenada por argumentos débiles.

Eduard Carrillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cofradía Gallego —donde se instalaría la planta fotovoltaica—, explicó que Cortolima hizo tres objeciones técnicas al proyecto, entre ellas un presunto drenaje natural en la zona. Sin embargo, asegura que la información que usó la entidad estaría desactualizada.

También se han respondido técnicamente. Por eso, desde la comunidad consideran que la negativa carece de sustento suficiente.

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Impacto

El proyecto, que llevaba meses en trámite, prometía beneficios económicos y sociales a los habitantes de la vereda.

Carrillo asegura que ya se había consolidado una alianza con el SENA para que se recibiera formación técnica en mantenimiento de paneles solares.

“Ya teníamos inscritos prácticamente de 80 a 100 personas en la plataforma del SENA para iniciar este curso”, señaló.

También se esperaba dinamismo en sectores como hotelería, alimentación y mano de obra para el municipio, donde la actividad económica depende principalmente de la agricultura.

Llamado a mesa técnica
Ante la negativa de Cortolima, la comunidad ha acudido a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, entidades que ya han delegado personal para acompañar el caso.

Carrillo insiste en que la mejor salida sería revisar técnicamente las objeciones de Cortolima con participación de todos los actores.

“Solicito, en nombre de la comunidad, a la gerente de Cortolima que reconsidere con las personas que estuvieron a cargo de esta decisión (...) hagamos una mesa técnica: comunidad, Voltalia, Cortolima. Que revisen los documentos porque eso no existe”, concluyó.