La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria, en la investigación para resolver el magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido el 30 de abril de 1984, al exministro Alberto Santofimio Botero y al excongresista Jairo Ortega.

Santofimio aseguró que la decisión de la Fiscalía constituía una violación a sus garantías judiciales por lo cual le envió una carta al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, solicitando medidas cautelares a su favor.

El abogado Ricardo Cifuentes, representante de Santofimio, explicó que se realizó un documento solicitando que se respeten los derechos al debido proceso dado que en el 2005 se había dictado la prescripción por lo que se pide que se respete la decisión.

“El día sábado le pedí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que de manera urgente requiera al Estado colombiano para que cumpla con el pacto de Roma. No hay duda de que hay una persecución política, conozco los expedientes y puedo dar fe de la inocencia de Alberto Santofimio en ambos casos”.

El abogado enfatizó que en el caso se ha incumplido de la ley y aseguró que así como ganó la demanda con respecto a Iván Díaz Mateus ganará el proceso de medidas cautelares porque la Fiscalía está actuando en contravía al pacto de Roma que establece: “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”.

Esto establece que si el pacto fue firmado en el 2002 las conductas anteriores no pueden ser juzgados bajo el pacto de Roma por lo cual no pueden “manosear la legislación internacional so pretexto de abrir investigaciones que en últimas van a concluir que es una conveniencia política porque infortunadamente para Alberto y su familia, esa persecución produce votos”, afirmó el abogado.