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Integrantes del Ejército Nacional le venderían municiones al ‘Clan del Golfo’ y a las disidencias

La Fiscalía del Tolima informó que se privó de la libertad a los tres integrantes del Ejército.
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14 Dic 2024 - 8:24 COT por Ecos del Combeima

La Fiscalía General de la Nación identificó a tres de los señalados responsables del apoderamiento de munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que posteriormente era comercializada a estructuras del ‘Clan del Golfo’ y de las disidencias de las Farc que tienen injerencia criminal en el oriente y suroccidente del país.

Se trata del sargento viceprimero José Arturo Cavarique Acosta, el sargento segundo Jhorman Francisco Torres Parra y el suboficial José Arturo López Astudillo, quienes en el desempeño de sus funciones habrían extraído de varios batallones del país, cartuchos para fusil; e ingresado de manera abusiva a los sistemas misionales del Ejército Nacional para alterar información y evitar que fuera detectado el faltante de munición.

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De esta manera, al parecer, se apropiaban de hasta 40.000 cartuchos mensualmente, y a cambio recibían consignaciones a cuentas personales y transferencias de dinero a billeteras virtuales. Las evidencias recopiladas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) indican que el material era entregado a contactos externos que se encargaban de embalarlo y enviarlo entre baterías de carros y buses de servicio de transporte interdepartamental a Cauca, Arauca, entre otros departamentos.

Por estos hechos, los uniformados fueron capturados en diligencias realizadas por el CTI, con apoyo de unidades del Ejército Nacional, en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo (Cundinamarca), el Hospital Militar de Bogotá y el Comando de Operaciones Logísticas N°2 del Ejército Nacional en Cali (Valle del Cauca).

Una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, violación de datos personales, y acceso abusivo a un sistema informático. Los cargos no fueron aceptados.