Luego de suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato que buscaba garantizar el servicio de internet a escuelas rurales en diferentes zonas del país, caso conocido como ‘Centros Poblados’; y en dos procesos contractuales que se siguieron en las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

El sentenciado había aceptado los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Asimismo, ofreció excusas, se comprometió a colaborar con la justicia y a reintegrar $5.063 millones que fueron apropiados ilegalmente.

Hasta el momento ha restituido $2.532 millones, a través de ocho títulos judiciales. El 50 % restante lo cubrirá con dos pagarés por $1.265 millones que deberá presentar en abril y octubre de 2025. 

Por ahora, el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín.

Tapia Aldana continuará privado de la libertad en un centro carcelario de Barranquilla.

Centros Poblados

En octubre de 2020, al enterarse de una licitación pública que abría el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para un contrato de un billón de pesos, con el objeto de dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos de país, Emilio Tapia se concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual.

Con esta maniobra y sin tener las garantías bancarias, fue beneficiado con la adjudicación y posterior legalización del contrato 1043 de 2020. Posteriormente, gestionó y entregó tres pólizas bancarias falsas y así recibir un anticipo, del cual a Tapia le correspondieron $5.063 millones que destinó para la compra de obras de arte y vehículos, y diferentes gastos personales como préstamos y el pago de honorarios a abogados.

Emcali

En febrero de 2021, se creó un consorcio con empresas dominadas por Emilio Tapia con el propósito de quedarse con dos contratos ofertados por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, para la construcción de las obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAR, de Puerto Mallarino, ubicada entre Buga y Loboguerrero, por $3.798 millones y $2.414 millones, respectivamente.

En el proceso falsificó las pólizas que garantizaban el cupo de crédito por el 30 % de cada uno de los contratos. De esta manera, hizo incurrir en error a funcionarios de Emcali que emitieron avales administrativos para suscribir los citados contratos.