Tres presuntos integrantes de un grupo delincuencial denominado por las autoridades como 'Los Uniformados', fue impactado por servidores del CTI de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con el Guala de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, luego de su captura en los últimos días por los delitos de secuestro extorsivo a por lo menos cinco víctimas; concierto para delinquir con fines de secuestro y porte ilegal de armas de fuego, todos agravados.  

Se trata de Pedro Nel Orjuela Casas, ex intendente de la Policía; Germán Alonso Calderón Córdoba, expatrullero y Miguel Fernando Devia Bonilla, patrullero activo de la Policía Nacional, adscrito a la Policía del departamento del Chocó.  

Los dos primeros fueron detenidos en Ibagué, mientras que el último en las instalaciones del comando donde laboraba en Quibdó. Todos fueron afectados con medida de aseguramiento intramural por orden de un juez.  

La investigación

Según las labores investigativas, la banda delincuencial 'Los Uniformados' estaría integrado por miembros de la Policía Nacional para el año 2018 y algunos otros particulares, quienes se concertaron para llevar a cabo el secuestro de un ciudadano de origen ecuatoriano en julio del año en mención.  

La propia denuncia de la víctima da cuenta que el día de los hechos, unos individuos lo interceptaron cuando se movilizaba en su carro por la capital tolimense, luego de haber retirado una fuerte suma de dinero.  

Los sujetos se identificaron como policías y según él, lo llevaron a las instalaciones de la Sijín en el sector de El Salado, donde supuestamente iban a verificar la procedencia y papeles del vehículo, así como sus antecedentes penales y cómo había ingresado al país.  

Estando allí, bajo una fuerte presión, señaló que los uniformados le exigieron supuestamente la suma de $50 millones para dejarlo ir a cambio de no deportarlo, llegando finalmente a un arreglo por $10 millones, dinero que indicó, tenía consigo para unas obras que adelantaría en la vereda Chucuní, zona rural de Ibagué.   

Días después, la víctima relató que fue interceptado en Chucuní con su esposa, hijas y suegra, siendo bajados del vehículo a la fuerza. Allí su familia quedó bajo custodia de otros sujetos, mientras él fue conducido en otro automóvil fuera de la ciudad.   

Bajo amenazas le exigieron dinero por una suma superior a lo solicitado días atrás. Luego de acordar el monto, él y su esposa fueron escoltados en varias entidades financieras y la propia vivienda de sus suegros para sacar dinero en efectivo, reuniendo finalmente la suma de 64 millones 500 mil pesos. 

En las audiencias de rigor los capturados no aceptaron los cargos enrostrados y fueron afectados con medida de aseguramiento en las instalaciones de un centro centro carcelario.