La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- no admitir la solicitud de sometimiento presentada por Alberto Santofimio Botero, en relación con el homicidio del exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, perpetrado el 30 de abril de 1984, en Bogotá.

En concepto enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que ese hecho no guarda relación material con el conflicto armado, pues fue perpetrado por miembros del llamado cartel de Medellín con el objetivo de impedir que el entonces ministro continuara con sus acciones en contra del narcotráfico, y por lo tanto no se trató de un acto propio de las hostilidades.

Adicionalmente, la Procuraduría indicó que el aporte de verdad propuesto es insuficiente, debido a que no contiene elementos que contribuyan de manera concreta y efectiva al esclarecimiento de ese hecho.

En el año 2018 la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al ex ministro por su posible vinculación en este magnicidio.

“En 34 años no fui llamado ni siquiera a dar un testimonio al respecto. El único recuerdo que tengo de algún intento por vincularme a esa investigación, fue la decisión de 27 de julio de 2005 de la Fiscalía General de la Nación, motivada por una solicitud de Rodrigo Lara Restrepo. En ese documento se señalaba que yo no había sido vinculado en ninguna de las actuaciones del caso Lara y se decretaba la prescripción. Esa decisión quedó ejecutoriada y que hizo tránsito a cosa juzgada”, dijo Alberto Santofimio en el año 2018 a la Revista Semana.