Con base en los argumentos expuestos por un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional en las audiencias concentradas realizadas entre diciembre de 2017 y julio de 2018, el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Bogotá condenó el pasado 8 de abril al exjefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Ramón María Isaza Arango; y a 59 postulados más, exintegrantes de ese grupo armado, luego de que aceptaran su participación en múltiples delitos con ocasión del conflicto armado en Colombia. 

Aunque las penas principales para los procesados oscilan entre los 119 y los 480 meses de prisión, en virtud de la Ley de Justicia y Paz fueron condenados a penas alternativas que van desde los 72 hasta los 96 meses de cárcel. 

A través de las versiones libres de los postulados y otras labores investigativas adelantadas, la Fiscalía General de la Nación documentó más de 1900 hechos que dejaron alrededor de 4900 víctimas, atribuibles a los hoy sentenciados, y fueron perpetrados entre 1978 y enero de 2006. 

Según lo establecido, tales hechos ocurrieron en los municipios de La Unión, Puerto Triunfo, San Luis, San Francisco, Sonsón, Carmen de Viboral, Cocorná, Argelia, Puerto Nare, La Ceja, Santuario y Nariño (Antioquia); así como en Samaná, Victoria, Marquetalia, La Dorada, Manzanares, Pensilvania y Norcasia (Caldas). 

Su actuar se extendió a las poblaciones de Apulo, Beltrán, Bituima, Cachipay, Chaguaní, Fusagasugá, Guaduas, Guayabal de Siquima, La Mesa, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, Puli, Quipile, San Juan de Rioseco y Viani (Cundinamarca); al igual que en Armero Guayabal, Ambalema, Casabianca, Falan, Fresno, Herveo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Palocabildo, Venadillo y Villahermosa (Tolima). Algunos de los casos también se registraron en Simacota (Santader) y Puerto Boyacá (Boyacá). 

Entre los delitos por los que responden, de manera general los 60 condenados, están: concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares; utilización ilegal uniformes e insignias similares a los de uso privativo de las Fuerzas Militares; entrenamiento para actividades ilícitas; utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; y exacciones o contribuciones arbitrarias. 

Sin embargo, en el caso de Isaza Arango, alias el Viejo o Munra, se acreditó la comisión de las siguientes conductas punibles: 1115 homicidios en persona protegida, 60 tentativas de homicidios en persona protegida, 33 homicidios agravados, 282 desapariciones forzadas, 516 desplazamientos forzados de población civil, 160 exacciones o contribuciones arbitrarias, 65 torturas en persona protegida, 15 accesos carnales violentos en persona protegida, 168 secuestros simples, 17 secuestros extorsivos y 46 reclutamientos ilícitos, entre muchos otros.  

Es de recodar que esta sería la tercera sentencia proferida en contra de alias el Viejo, en el marco de la Ley de Justicia y Paz.  

Otros de los postulados sentenciados son: Oliverio Isaza Gómez, alias Terror; Walter Ochoa Guisao, alias el Gurre o el Mono; Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias MacGiver; y Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro o Hernán. Contra el ex jefe paramilitar y estas cuatro personas continúa vigente otra sentencia de febrero de 2016. 

La Sala del Tribunal Superior de Bogotá reconoció la existencia de los patrones de violencia basada en género, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio y fuentes de financiación. 

Casos connotados 

Entre los más de 1900 hechos registrados se destacan algunos, así: 

• Patrones de violencia en ‘La Isla’ 

De acuerdo con las investigaciones, ‘La Isla’, ubicada en medio del río Magdalena, entre los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto Triunfo (Antioquia), era la prisión paramilitar para vigilar y castigar, reclutar a menores, ejercer torturas y someter a las víctimas a trabajos forzados. 

• Masacre de La Rochela 

El suceso ocurrió el 18 de enero de 1989, cuando una comisión judicial, dispuesta por la Dirección Seccional de Instrucción Criminal de Bucaramanga para adelantar la investigación por los hechos criminales que se venían presentado en la región de Simacota (Santander), fue interceptada por un grupo armado en el corregimiento La Rochela de esa población. En la acción, 12 de los funcionarios fueron asesinados con armas de fuego.  

• Sindicalistas de San Francisco 

El 29 de octubre de 2002, un grupo de obreros de la Alcaldía Municipal de San Francisco (Antioquia), miembros del comité sindical Sintraofan, conformado por 17 personas, recibió un comunicado del frente ‘José Luis Zuluaga’ de las Autodefensas, en el que bajo amenazas lo obligaban a terminar con el sindicato. Varias de las víctimas tuvieron que renunciar a su trabajo. 

• Desplazamiento Autopista Medellín 

Se pudo determinar uno de los acontecimientos de desplazamiento masivo en la zona de la autopista Medellín-Bogotá, en dos momentos: el primero ocurrido en marzo de 2000 y el segundo, en diciembre del mismo año. 

Miembros del frente ‘José Luis Zuluaga’ de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio obligaron a los habitantes de varias veredas y corregimientos de los municipios de San Luis, Cocorná y San Francisco (Antioquia) a desalojar sus viviendas y empresas. 

• Toma de San Francisco 

El 3 de agosto de 1998, un grupo de hombres las Autodefensas ingresaron al casco urbano del municipio de San Francisco (Antioquia), con el fin de buscar, con lista en mano, a guerrilleros y sus colaboradores, generándose un enfrentamiento con la Policía y con miembros del ELN. 

En estos hechos resultaron afectadas 9 personas, incluida una menor de 13 años para esa época, quien fue abusada sexualmente. Dos de las víctimas fueron asesinadas e inhumadas en una fosa. A algunas personas les hurtaron sus pertenencias luego de registrarles sus viviendas, y a otras las mantuvieron retenidas por varios días sometiéndolas a diferentes maltratos. 

Reparación al río Magdalena 

Tras los daños evidenciados en la integridad del ecosistema derivados de desecación, construcción de diques y jarillones, cercado, apropiación particular y contaminación del río Magdalena, por su utilización como instrumento para el ocultamiento y desaparición de personas, la magistratura ordenó en su fallo medidas de reparación orientadas al adelantamiento de procesos de restauración socioecológica participativa, que finalmente se traduzcan en un ambiente sano al servicio de las comunidades locales.