En la mañana de este miércoles 19 de mayo, se cumplió ante Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías la audiencia en la que se presentaron los argumentos de parte de la Fiscalía 11 seccional Tolima y el Juzgado 188 de Instrucción Penal Militar para que se dirima por parte de la Corte Constitucional el conflicto de competencias en el caso de la investigación por el asesinato de Santiago Murillo.

Econoticias hizo presencia en dicha diligencia, a la misma asistieron los padres del joven Santiago Murillo, representantes de las víctimas, la Fiscalía y el Ministerio Público, lo primero que se determinó fue si era necesaria la asistencia del abogado Juan Carlos Reinoso, representante del Mayor Jorge Mario Molano Bedoya, debido a que se argumentó por parte del jurista que no fue advertido del procedimiento por lo cual no se encontraba preparado, a lo que los representantes de las entidades del Estado se negaron a permitir la suspensión de la audiencia.

Luego de la discusión jurídica, se determinó escuchar las partes debido a que la no presencia del abogado Reinoso no determinaba que se le estuviera vulnerando los derechos al Mayor de la Policía.

La representante de la Fiscalía, Carolina Arciniegas, manifestó que entre los argumentos que se tienen para que se solicite la competencia de este caso es que al momento de accionar el arma de dotación por parte del integrante de la Policía no se tenía ningún tipo de riesgo contra su integridad debido a que el joven Santiago Murillo se dirigía solo en el sentido Norte por el carril de descenso la carrea Quinta. Por lo que el asesinato del joven de 19 años no se puede definir que fue una acción que no tiene relación con el servicio.

La petición de la Fiscalía fue clara al indicar que el expediente se debe remitir el a la Corte Constitucional para que se dirima este conflicto de competencias.

Al igual Clara Daysi Ubaque Roa, representante del Ministerio Público, sostuvo que en este caso se debe respetar el derecho a que se conozca la verdad y se haga efectiva justicia, por lo que pidió que no se genere un afán por dar una respuesta judicial, “No por correr más rápido se llega primero”.

Además, cuestionó que desde la Justicia Penal Militar se hable de actos vandálicos, debido a que cuando se dio el asesinato de Santiago Murillo ya se había logrado dispersar a cerca de 200 manifestantes que habían llegado a la zona de la 60 con Quinta.

Para el abogado Miguel Ángel del Rio es absolutamente perentorio que el proceso pase a la justicia ordinaria debido a que existió una clara violación al Derecho Internacional Humanitario, incluso catalogó como un ataque siniestro el proceder los uniformados en este caso.

“Cómo abogado de las victimas le pido señor Juez que se envíe a la Corte Constitucional para que se determine la competencia de esta investigación, no existe incertidumbre sobre quién debe ser, nunca antes había tantos argumentos para definir de manera positiva que sea la justicia ordinaria la que tenga a su cargo la investigación”.

Luego de más de dos horas y treinta minutos el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías decidió que se debe enviar a la Sala Plena Corte Constitucional para se determine si existe el conflicto positivo de competencias.

Para este caso el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías manifestó que existen argumentos suficientes para que sea la Corte Constitucional la que defina de fondo este caso a favor de que la Fiscalía tenga la competencia. 

Por último, el Fiscal de apoyo, Mario Andrés Burgos, solicitó investigación contra el Juzgado 188 de Instrucción Penal Militar por la manera como el Juez René Mauricio Monrroy asumió el caso, al igual la petición fue respaldada por la representante del Ministerio Público.