Tras la audiencia del día anterior donde se conocieron avances de la investigación en el caso de Santiago Andrés Murillo Meneses; en la mañana de hoy el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de la familia del joven, concedió una entrevista a Ecos del Combeima, para explicar su postura frente a este proceso judicial.

Fue así que el litigante señaló que desde el principio de la investigación se conocieron testimonios de personas cercanas a los hechos, quienes señalaron que fueron miembros de la fuerza pública los que protagonizaron el lamentable hecho. 

Por lo anterior, Miguel Angel del Río, advirtió que debe ser la justicia penal ordinaria la que se encargue de la investigación y el proceso de judicialización.

"Si bien es cierto, en el caso está implicado miembro de la fuerza pública, la única razón para que se quede la competencia en cabeza de la Justicia Penal Militar es que esos hechos se hayan dado por ocación del servicio (...) El hecho de disparar contra un manifestante, contra una multitud, jamás podrá ser considerado un acto del servicio y por eso el expediente debe regresar a la justicia penal ordinaria", acotó el abogado.

Así mismo, el apoderado de la familia Murillo Meneses, advirtió que en este caso al parecer se utilizó el arma de dotación, lo cual está prohibido por parte de los protocolos del Gobierno Nacional. Según indica la norma, el uso de estos elementos letales en manifestaciones públicas raya con una conducta criminal que evidentemente está por fuera de los actos del servicio. 

"Otra cosa es hacer uso de armas no letales para dispersar manifestaciones y que de pronto dentro de ese uso pueda existir una extralimitación. Allí sí se podría advertir que es un evento con ocasión del servicio, pero portar un arma, sacarla, dispararla y ejecutar a un individuos no es un acto del servicio, es un homicidio aleve y violento en contra de un ser humano", puntualizó del Río.

Hay que señalar que el profesional del derecho advirtió que aún cuando en Colombia se cometan actos de vandalismo, ningún ciudadano merece ser víctima de un asesinato, porque en Colombia está proscrita la pena de muerte, no existe.

"Esto que se impetró en contra de Santiago fue una pena de muerte, por ser simplemente un testigo presencial de un hecho que todos estábamos viendo en ese momento a lo largo y ancho del país (...) Entonces, por esta razón es que la explicación por parte de miembros de la fuerza pública no puede ser considerada un acto del servicio, esto es una violación a los Derechos Humanos, una violación además a la función constitucional que tienen los miembros de la fuerza pública", agregó.

Sin embargo, el abogado fue enfático a la hora de subrayar que la obligación de la Policía Nacional es la de proteger a la comunidad, pero en el caso de Santiago, lamentablemente la fuerza pública terminó asesinándolo.

"Esto es inaceptable, la Policía Nacional tiene que responder por todos los crímenes que ha cometido en los últimos días y este este crimen de Santiago Murillo, es de los más deplorables y que hubo, por eso deben ser juzgados de una manera muy categórica" afirmó del Río.

Por su parte, Miguel Angel del Río reclamo que se debe ir hasta las últimas consecuencias y mirar si el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Geovanny Benavides tuvo alguna responsabilidad con relación al nivel jerárquico de la institución, estableciendo cuáles fueron sus órdenes para los hombres y mujeres en la calle.

Finalmente, al preguntársele si la Policía debe estar por fuera de la categoría de fuerzas armadas, el abogado de la familia Murillo Meneses respondió: "Todas las decisiones jurídicas tienen implicaciones y tienen consecuencias, cada vez que tenemos eventos juzgamos y decimos que hay que reformar los sistemas policivos, que hay que reformar la Constitución, pero mire, los sistemas estructurales policivos tienen unos protocolos; lo que deben hacer es cumplirlos (...) Aquí el problema no es de cambios, aquí no es un problema de reformas, aquí es un problema de hacer cumplir lo que ya existe, ese es nuestro gran problema".

Por ahora toca esperar la decisión de la corte constitucional con relación al conflicto de competencias y una vez destrabado este conflicto, se seguirá con los actos de investigación para poder realizar las imputaciones y las solicitudes que sean necesarias.