El Ministerio Público solicitó a la juez que ordene a Tapia Aldana seguir cumpliendo su pena en un establecimiento carcelario, debido a que con su comportamiento se generaron “serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración”, así como del efectivo control que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).  

La solicitud se presenta debido a la supuesta vinculación del empresario a reuniones que aparentemente se efectuaron en distintas ciudades del país, para llevar a cabo la adjudicación que se firmó entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados.  

Ante esto, la Procuraduría considera que por medio de estos viajes Emilio Tapia Aldana estaría desconociendo las obligaciones adquiridas posterior a serle concedida la prisión domiciliaria por parte del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla y estaría utilizando ilegalmente el domicilio que se dipuso para cumplir su privación de la libertad. 

A su vez, la Procuraduría pidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se “aperturen las correspondientes investigaciones penales en contra de los servidores públicos que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado al condenado Emilio José Tapia Aldana incumplir las obligaciones que le habían sido impuestas al concederle prisión domiciliaria y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en sede de ejecución de penas”.  

Es de señalar, que por solicitud del Ministerio Público en 2020, le fue revocada a Tapia Aldana una libertad condicional concedida por el mismo juzgado de Barranquilla por el caso del ‘carrusel de la contratación’.