Ocho fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con el apoyo de personal del CTI y unidades del Ejército Nacional, realizaron una ofensiva nacional para afectar el patrimonio de los presuntos responsables de hechos de corrupción, donde lograron ocupar 184 bienes avaluados en algo más de 69.000 millones de pesos en 30 municipios de 15 departamentos.

Las diligencias se realizaron durante la última semana en los municipios de Bogotá; Santa Marta y Gaira (Magdalena), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cartagena (Bolívar), Tunja, (Boyacá), Restrepo y Villavicencio (Meta), Pasto y Tumaco (Nariño), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Melgar (Tolima), Cali (Valle del Cauca), Valledupar y San Marcos (Cesar), Maicao y Fonseca (Guajira); Ricaurte, Funza, La Calera, Chía y Cajicá (Cundinamarca); Sabaneta, Bello y Rionegro (Antioquia); Soledad, Juan de Acosta y Barranquilla (Atlántico).

Las propiedades ocupadas fueron 137 inmuebles, 1 sociedad, 3 establecimientos de comercio, 38 vehículos y 5 cuentas bancarias.

Todos los activos fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, en el entendido de que habrían sido adquiridos con dineros producto de actos de corrupción o pertenecería a los principales implicados en casos de desviación de recursos de la salud, pensiones, educación y Plan de Alimentación Escolar (PAE), entre otros sectores.

 “Estas acciones estuvieron dirigidas a afectar el patrimonio de servidores públicos, contratistas, particulares; que estuvieron involucrados en irregularidades de todo tipo afectando el derecho a la salud de los colombianos, el derecho a la educación de los colombianos”, señaló el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

#ATENCIÓN | Ofensiva de la Fiscalía contra el patrimonio de los presuntos responsables de hechos de corrupción. 184 bienes fueron ocupados con fines de extinción de dominio, en diligencias realizadas en 30 municipios de 15 departamentos.

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— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 30, 2022

Entre los casos destacados por estos presuntos hechos de corrupción están: 

• SaludCoop. Fueron afectados varios predios que habrían sido adquiridos con dineros

que habrían sido desviados del sistema general de seguridad social en salud.

• ‘Carrusel de Pensiones’. Durante la ofensiva fueron afectados bienes que estarían vinculados a eventos de corrupción identificados en Cajanal y Colpensiones, en los que varias personas fueron beneficiadas con el pago jubilaciones y ajustes en las mesadas pensionales sin cumplir los requisitos de ley.

• Plan de Alimentación Escolar (PAE). Varios de los inmuebles que recibieron medidas cautelares, al parecer, fueron adquiridos con recursos producto de las diversas irregularidades de contratación y ejecución de los PAE en distintos lugares del país.

• Universidad Tecnológica del Chocó. La Fiscalía afectó los bienes de un contratista y un interventor, quienes son procesados por posibles anomalías en la celebración de contratos para la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó.

• Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Un inmueble que pertenecería a uno de los contratistas que estaría involucrado en las demoras y actos ilícitos detectados en la construcción del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue ocupado con fines de extinción de dominio.

• ‘Quirófano’. La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre varios bienes asociados a una red delincuencial que se concertó para manipular decisiones administrativas y favorecer a varias entidades e institutos prestadores de salud. Los señalados responsables fueron capturados y judicializados como parte de una operación denominada como ‘Quirófano’.

Todos los bienes fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para su administración y según La Fiscalía, el objetivo es que con estas acciones se incremente el número de bienes para que puedan ser monetizados y puedan ser utilizados por parte del Gobierno Nacional.