Durante el acto de conmemoración del Día del Investigador, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anticipó que votará de manera negativa a la nueva política antidrogas que el Gobierno Nacional presentó ante las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Política Criminal. 

“Hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación, por primera vez en 30 años, de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que deben tener en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, enfatizó.  

El Fiscal General de la Nación indicó que la entidad comparte la idea de no perseguir a cultivadores o consumidores, pero es consciente que se deben formular estrategias de fondo, que permitan impactar el fenómeno del narcotráfico de manera integral. 

“Se han entregado 7.000 millones de dólares a la SAE, es decir, 28 billones de pesos. Obviamente, esa es una tarea que combina de forma importante todo lo relativo a la persecución penal y, al mismo tiempo, la persecución que debe existir frente a los bienes porque si le quitamos los bienes a los mafiosos y narcotraficantes, y a los criminales; porque no habrá resolución alguna que me cambie el lenguaje, ni me cambie lo que yo pienso de esas personas; a esos criminales hay que tocarles los bienes porque es la mejor manera de romper lo que yo he llamado los corredores regionales y transnacionales de criminalidad”, aseguró. 

En medio de sus observaciones reiteró el compromiso institucional de apoyar los caminos que conduzcan a la paz, siembre en el marco de la Constitución y la ley. 

“Somos amigos entonces de una paz total, pero también somos amigos de las víctimas, somos amigos de los derechos humanos, somos amigos de la justicia y somos creyentes de que la verdadera alternativa tiene que ser la de poder equilibrar las políticas de orden público, y de garantía de la seguridad como un factor determinante y principio constitucional”, recalcó.