En una rápida acción agentes de la Fiscalía General de la Nación detectaron un entramado criminal que ponía en riesgo la vida y la integridad de miles de pacientes que acudían al sistema de salud para recibir medicamentos para las denominadas enfermedades de alto costo.

La operación se realizó a través del Eje Temático de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. 

Se trata de una red que reciclaba desechos hospitalarios, medicinas vencidas o descontinuadas; extraer las sustancias de las jeringas, envases y demás presentaciones; mezclarlas indiscriminadamente o rendirlas con agua destilada, harina y saborizantes; y finalmente darles la apariencia de un producto auténtico con cajas, registros, sellos y otras características nuevas.

Los medicamentos falsos eran comercializados en droguerías e Instituciones Prestadores de Salud, IPS, de Bogotá, Medellín e Itagüí en Antioquia, Cali, Manizales, Cúcuta y Soacha.

Captura y judicialización

La operación requirió de 19 diligencias de registro y allanamiento en Cali, Medellín, Cúcuta, Manizales y Bogotá. 

La Fiscalía reveló que en los procedimientos fueron capturados 13 posibles integrantes de la estructura ilegal e incautadas 45 toneladas de medicamentos fraudulentos, insumos y otros elementos utilizados para la falsificación.

Durante las verificaciones los funcionarios encontraron cerca de 8.000 variedades distintas de productos farmacéuticos falsos, como analgésicos; tratamientos oncológicos y para el trasplante de órganos; medicinas para la diabetes, la hemofilia y otras enfermedades de alta complejidad.

También hallaron un laboratorio de litografía con equipos industriales para fabricar cajas, logos, sellos y brillos de seguridad; y gran cantidad de frascos, etiquetas, tapas y piezas metálicas. Algunos de los residuos hospitalarios encontrados en jeringas y envases de vidrio tenían muestras de sangre y gusanos, presuntamente iban a ser reutilizados.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias; enajenación ilegal de medicamentos; y usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. Los cargos fueron aceptados por ocho de los procesados.

Los investigados son: Elmer Fabio Cerezo Hernández quien, al parecer, compraba los desechos hospitalarios; Fabricio Alirio Chávez Muñoz, señalado falsificador de medicamentos; y María Alejandra Chávez Urrea, Francisco Javier Manrique Castro, Juan Carlos Giraldo Arango, Francisco Javier Núñez Sánchez, José Darío Núñez Sánchez, Álvaro Osorio Cardona, Carlos Horacio Gómez Osorio, María Carmelina Alzate Mejía, Cipriano Otalora Rincón y Milcíades Bohórquez Soler, que cumplirían diferentes roles en la cadena criminal.

Por disposición de los jueces de control de garantías, Fabricio Alirio Chávez Muñoz y Cipriano Otalora Rincón recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; los demás deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.