En aras de trabajar por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lidera la campaña nacional de prevención contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), denominada “Ponle Freno” que incluye una gran movilización social para la sensibilización, prevención, denuncia y erradicación de este delito en el corredor vial que une a Bogotá y Medellín y que atraviesa municipios de los departamentos de  Cundinamarca, Tolima, Caldas y Antioquia.

La campaña cuenta con la participación del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Policía Nacional de Tránsito y Transporte, Policía de Infancia y Adolescencia, UNICEF y Fundación Renacer.

Esta iniciativa surge para hacer frente a los múltiples casos de explotación sexual comercial de niñas y adolescentes entre los 12 y 14 años en la autopista que conecta Medellín con Bogotá, la cual comprende más de 400 kilómetros. Estas niñas están siendo víctimas de violencia sexual por parte de redes de explotadores quienes comercializan con sus cuerpos a conductores de buses y camiones, de acuerdo con la solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Por esta razón el ICBF decidió reforzar sus acciones y articular de manera interinstitucional, junto al comité Nacional Interinstitucional para la prevención y erradicación de la explotación sexual de Niños, Niñas y Adolescentes y los comités consultivos interinstitucionales para la prevención y atención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes para que, de acuerdo a las competencias de cada sector, se investigue, se prevenga este delito, se atiendan a las víctimas y se erradiquen estas graves vulneraciones a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia colombiana.

La explotación sexual comercial es una violación de los derechos fundamentales de la niñez, debido a que niños, niñas y adolescentes son tratados como objetos sexuales o mercancía y constituye una forma de coerción y violencia. “Con esta iniciativa, el ICBF busca visibilizar este fenómeno y generar conciencia acerca de la importancia de la denuncia y construir entornos protectores para las niñas, niños y adolescentes”, afirma Juliana Pungiluppi, Directora General del ICBF.

Entre enero y julio de 2019, el ICBF abrió 7.719 Procesos Administrativos de Restablecimiento de derechos a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, de los cuales el 84% corresponde a niñas y adolescentes. La explotación sexual comercial es un delito que se ha visto invisibilizado debido a la falta de conocimiento de la sociedad y la naturalización del fenómeno, lo cual hace que la denuncia sea precaria.

La Directora General del ICBF, Juliana Pungiluppi, hace una invitación para brindar mayor protección a niñas, niños y adolescentes: “No podemos naturalizar este fenómeno, el único responsable es el explotador. Comprometámonos como sociedad a prevenir, denunciar y a erradicar esta problemática, construyendo entornos protectores desde las familias, comunidad, sector privado y de transportadores e instituciones del estado”, expresa.

Paralelamente a la movilización social que se concentrará en los municipios de Villeta, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Rionegro y Puerto Triunfo, el ICBF, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General de la Nación, UNICEF y la Fundación Renacer adelantan jornadas de asistencia técnica a los Comités municipales Interinstitucional para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual,  generando un espacio de reflexión y capacitación dirigida a las instituciones encargadas de la prevención, atención y restablecimiento de derechos de las víctimas de explotación sexual comercial.

El ICBF resalta la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Por esto, ha dispuesto canales de atención y orientación a la ciudadanía para que reporten casos de amenaza o vulneración, como las oficinas regionales y centros zonales, y la línea gratuita 141 que funciona las 24 horas.