A una situación financiera insostenible a la que se llegó por que el mismo gobierno no hizo análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada, atribuyó la organización Keralty, dueña de Sanitas, la intervención estatal.

En una comunicación la organización prestadora de servicios de salud rechaza enérgica y contundentemente la intervención arbitraria de la EPS por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria.

Señala que los indicadores de quejas a que hace referencia el 6 acto administrativo de intervención reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS, pues se afirma que el promedio de quejas de EPS Sanitas "supera significativamente el promedio nacional", cuando el indicador es similar a la media del sector.

Frente al tema de reservas técnicas, se hace claridad en que hoy la EPS cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos.

Igualmente, no se consideró que en diciembre de 2023 EPS Sanitas presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna.

El acto administrativo emitido para la intervención desconoce todo lo anterior.

Indica Keralty que esta medida puede comprometer la prestación del servicio a 5,8 millones de afiliados y cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país.

Anunció que se analizan acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de afiliados y colaboradores.