Una resolución ejecutiva publicada en el Diario Oficial formaliza el inicio del diálogo de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, también conocido como AGC, pero autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

El documento, amparado por la Ley 2272 o de paz total, reconoce a seis representantes del grupo en el ámbito sociojurídico, incluyendo a Jobanis de Jesús Avila Villadiego, alias Chiquito Malo, el máximo líder de esta organización criminal.

Otros miembros reconocidos son Orozman Orlando Osten Blanco, conocido como Rodrigo Flechas, y José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito. De Orozman se sabe poco, salvo su declaración en el proceso penal contra exparamilitares que secuestraron y torturaron a la periodista Jineth Bedoya. Gonzalito, por su parte, es señalado como uno de los responsables de la crisis humanitaria en Ituango y de disputarse rutas del narcotráfico con el frente 18 de las disidencias de las extintas Farc.

También se incluyen a José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya, implicado en los enfrentamientos del paro minero en el Bajo Cauca en 2023; Luis Armando Pérez Castañeda, alias Bruno o Jerónimo, vocero político del grupo; y Elkin Casarrubia Posada, alias el Cura o Joaquín, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien se habría rearmado hace cuatro años.

La resolución solicita levantar las órdenes de captura y que la Consejería Comisionada de Paz verifique que el grupo armado haya demostrado compromiso con el desmantelamiento y transición al estado de derecho.

Colombia+20 ha informado que la jefa de delegación del Gobierno será una alta funcionaria de la administración de Petro, encargada de temas relacionados con las víctimas del conflicto armado.

‘Chiquito Malo’, oriundo del Urabá antioqueño, asumió el liderazgo del grupo tras la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en octubre de 2021.

Estatus político, un tema crucial para destrabar los diálogos

La resolución destaca que se trata de un “espacio de conversación socio-jurídica”, similar a los diálogos del Gobierno con otras estructuras armadas para su sometimiento a la justicia. Sin embargo, el Clan del Golfo ha manifestado repetidamente su preferencia por una negociación de paz que les conceda estatus político.

El proceso con el Clan del Golfo, la organización armada con mayor número de integrantes y presencia territorial, ha estado paralizado casi un año. Fases exploratorias se han desarrollado desde el inicio del gobierno Petro, pero la falta de comunicación y claridad jurídica ha impedido avances significativos.

En el último año, el EGC ha reiterado en más de cinco ocasiones su intención de dialogar con el Gobierno, pero durante meses el Ejecutivo no respondió a sus solicitudes.

En diciembre de 2022, Petro anunció un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados, incluyendo el Clan del Golfo, pero este fue suspendido en marzo de 2023 tras un ataque a agentes de policía. Desde entonces, los facilitadores del proceso se retiraron y los acercamientos se diluyeron.

“Las AGC están dispuestas a conversar, pero si el Gobierno no lo desea, continuarán con sus actividades. La única condición es que se hable de un proceso de paz y no de sometimiento, y que se respete el nombre de la organización”, afirmó Ricardo Giraldo, vocero de las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo), en una entrevista reciente con Colombia+20.

Uno de los principales retos para continuar con estos diálogos de paz es la exigencia del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) de obtener estatus político, como ocurrió con la guerrilla del ELN y el EMC.

Esta discusión es fundamental para definir si el Gobierno inicia un proceso de paz con cada organización o crea un sistema de incentivos para su sometimiento a la justicia.

En el caso del sometimiento, la Corte Constitucional ha ordenado que sea el Congreso quien defina las condiciones. Aunque el alto tribunal aclaró que esto aplica para estructuras criminales de alto impacto, no especificó qué grupos entrarían en esta categoría, dejando el estatus político como un tema crucial.