Un llamado para construir y no destruir con información que carece de veracidad hizo el presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, a la directora de la CRA Ruth Quevedo, pues en las últimas semanas ha otorgado diversas declaraciones en las que está usando de manera antitécnica las cifras que hay en el país sobre el sector de agua potable y saneamiento básico.

“No es cierto que en Colombia haya 13 millones de personas sin acceso a agua potable, es necesario analizar y desagregar estas cifras en sus justas proporciones, basándose en el sistema estadístico y de vigilancia de calidad de agua que debe ser el referente para los pronunciamientos que se hagan desde el gobierno”, aseguró Sánchez Ortega.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

las cifras de acceso agua potable en el país son:

Hay 3.2 millones de personas sin acceso a agua potable, es decir no cuentan con una solución o conexión al servicio de acueducto. 

De estos 600 mil están en la zona urbana y 2.3 millones en la zona rural.

De acuerdo con el informe de monitoreo a los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico que realiza el MinVivienda, el cual evalúa los indicadores sectoriales, la calidad del agua potable suministrada a los usuarios del servicio de acueducto, a partir de la información del Instituto Nacional de Salud y verificada por la SSPD. En 2023, 647 municipios que atienden 29.010.743 de habitantes, el 87,47% del total de la población urbana, se suministró agua sin ningún nivel de riesgo. Si a esto se le suma los municipios que presentaron riesgo bajo o medio corresponde a un total de 95,5% de la población urbana.

En las zonas rurales de los 1.103 municipios del país habitan 12 millones 428 mil personas. De estos municipios, 150 suministran agua sin ningún nivel de riesgo a 1.9 millones de habitantes, que representan el 15,9% de la población rural del país. Si a esto se le suma los municipios que presentaron riesgo bajo o medio en las zonas rurales, la cifra aumentaría a 36,8%, 4.5 millones de personas.

De otro lado existen 329 municipios en zona rural con riesgo alto o sanitariamente inviables los cuales atienden al 24,1% de la población rural, es decir, casi 3 millones de personas. Es sobre estos acueductos comunitarios deberían estar las acciones de acompañamiento por parte de las autoridades sanitarias y municipales para mejorar la calidad del agua suministrada.

Llama la atención que otros 416 municipios donde se atiende a más de 4.8 millones de habitantes en zona rural,  un 39% de la población rural del país, no cuentan con información de calidad de agua reportada en el Sistema de Vigilancia de Calidad de Agua Potable- SIVICAP, debido a que las Secretarías de Salud Departamental o Municipal, por lo tanto, no se puede establecer si es apta o no para el consumo humano.

En otras declaraciones, la directora de la CRA afirmó también que: “Bogotá enfrenta una crisis de agua, debido a la falta de medidas preventivas y la tardía respuesta del gobierno local. Desde 2023, se habían detectado señales de alerta sobre la tendencia de llenado de los embalses, que no lograban llenarse completamente antes de un nuevo ciclo de régimen (…) a pesar de ello, no se tomaron medidas para sancionar a los consumidores excesivos de agua hasta abril de este año, cuando la ciudad ya estaba en plena crisis”.

Sobre este tema, Andesco aclara que la aplicación de medidas de desincentivo al consumo excesivo para los usuarios del servicio de acueducto es de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores una vez la CRA haya activado su aplicación, para el caso del anterior fenómeno de El Niño esto solo sucedió hasta el 27 de enero de 2024 con la Resolución UAE-CRA 039 de 2024.

A su vez se reitera que desde el sector se ha pedido a la CRA revise la Resolución 887 de 2019 que establece las condiciones para aplicar el desincentivo, puesto que los consumos que se han establecido como excesivos son muy superiores a los consumos promedio de los usuarios del país y por tanto la resolución de la CRA no solo llegó de manera tardía, sino que en la práctica es inaplicable o insuficiente por los límites de consumo establecidos.

“Ante el carácter antitécnico de las declaraciones, preocupa que, al seno de la unidad administrativa especial de la CRA, una agencia que tiene un carácter técnico y especializado, se omita el rigor en el manejo de los datos y se están tomando decisiones regulatorias en esa vía”, dijo el presidente de Andesco.

“Ya estamos viviendo una situación en donde la CRA ha politizado la regulación y desvirtuado los datos técnicos con las últimas resoluciones expedidas por la entidad sobre el Factor de Productividad en donde para el caso de la Resolución CRA 1000 de 2024 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio votó negativamente la resolución en mención debido a que encontró fallas significativas en la definición de la metodología y su aplicación para establecer el factor de productividad. Desde Andesco siempre buscaremos construir puentes, por eso hemos presentado propuestas que buscan conciliar siempre los intereses de los usuarios, las comunidades organizadas y los prestadores del servicio con el propósito de mejorar los indicadores de cobertura, calidad, continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos domiciliarios en el país”, concluyó Sánchez Ortega.