La Procuraduría General de la Nación anunció que tomará medidas para abordar la desarticulación entre Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, situación que se evidenció luego de la mesa de trabajo convocada para revisar el trámite de licencia ambiental para la perforación del pozo Komodo-1 de Ecopetrol, para explorar el único pozo de gas off shore (costa afuera).

Tras una revisión exhaustiva, el ente de control también encontró deficiencias significativas en el procedimiento administrativo del trámite de licencia ambiental, especialmente frente a la convocatoria y funcionamiento del Comité Técnico Consultivo, órgano asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, en proyectos considerados como críticos y quien es la autoridad encargada de tomar decisiones y hacer recomendaciones sobre la licencia ambiental en cuestión.

El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero, Minero Energéticos y Agrarios confirmó que intervendrá directamente en el trámite de la licencia ambiental para asegurar el cumplimiento de los procedimientos regulatorios adecuados, solicitando la revocatoria directa de la decisión de suspender el trámite de la licencia, buscando así garantizar una resolución oportuna y conforme a la normativa vigente.

“Este proyecto de Komodo tiene una inversión social prevista de 7 mil millones de pesos, que termina postergada, aplazada. Implica el incumplimiento de las metas en nuevos pozos exploratorios, que eran 40 pozos los planteados en Colombia durante el año 2024.” citó el delegado Guerrero.

También precisó que se establecerá una mesa de trabajo permanente compuesta por representantes de los sectores de minas y energía, ambiente, y otros; con el fin de mejorar la coordinación y la gestión entre los sectores involucrados, facilitar el diálogo y la cooperación que permita resolver las disfunciones en el proceso de licenciamiento, experiencia similar a la que ya existe en el sector energético.

“Es importante recordar que Ecopetrol es socio de este proyecto tiene el 40% del mismo en un contrato de exploración y producción y que ya ha invertido 35 millones de dólares en las actividades preparatorias de las actividades exploratorias una suma y una inversión del Estado, el patrimonio de los colombianos, que podría ponerse en riesgo.” expresó el procurador ambiental.