Renunció el abogado de Nicolás Petro en el caso por presunto lavado de activos
Diego Henao, abogado que hasta ahora había liderado la defensa de Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, presentó su renuncia en el marco de la investigación que enfrenta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Henao explicó que su salida responde a "un cambio en la estrategia de defensa", luego de una "reflexión profunda y respetuosa del proceso".
Nicolás Petro ha sido acusado por la Fiscalía de haber recibido más de mil millones de pesos durante la campaña presidencial de su padre en 2022, dinero que supuestamente no fue destinado a su propósito original, sino que habría incrementado su patrimonio de manera injustificada. Entre los aportantes estarían Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El hombre Marlboro”, y Alfonso del Cristo 'El Turco' Hilsaca Eljadue, además del político Máximo José Noriega Rodríguez y empresarios de Cúcuta y Villavicencio.
La renuncia de Henao se produjo justo después de que la Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, revelara avances en un posible preacuerdo con Nicolás Petro. Camargo indicó que las negociaciones se han llevado a cabo en el marco de los mecanismos prémiales del sistema acusatorio, los cuales permiten llegar a acuerdos con los imputados para evitar juicios prolongados.
"Desde el primer día hemos impulsado estos mecanismos, que no están sujetos a agendas políticas ni al estatus de los acusados", afirmó Camargo.
Tras la renuncia de Henao, la defensa de Nicolás Petro quedará en manos del abogado Ricardo Gaviria, quien ya lo ha representado en casos disciplinarios anteriores y es parte del equipo jurídico del presidente Gustavo Petro. Gaviria continuará las negociaciones con la Fiscalía en busca de un preacuerdo que podría modificar el curso de la investigación.
El proceso ha estado marcado por varias controversias, incluyendo la sanción impuesta al fiscal Mario Burgos por haber filtrado videos del arresto de Nicolás Petro, lo que llevó a su remoción del caso. Con la llegada de la nueva fiscal Lucy Marcela Laborde, las negociaciones para alcanzar un preacuerdo fueron retomadas, según informó la revista Cambio, que destacó que los repetidos aplazamientos de las audiencias preparatorias sugerían que ambas partes buscaban evitar un juicio prolongado.
Una de las alternativas que se han discutido en las negociaciones es la reclasificación de los delitos imputados a Petro Burgos, lo que implicaría reducir los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a estafa agravada, según Cambio. Aunque aún no hay confirmación oficial de este ajuste, las partes parecen estar en vías de llegar a un acuerdo que podría evitar una confrontación judicial de mayores dimensiones.
