La Delegatura para Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, adelantó actuaciones administrativas encaminadas a verificar el cumplimiento del régimen de la libre competencia económica en los procesos de selección llevados a cabo por la Unidad Nacional de Protección, UNP, para la contratación del arrendamiento de vehículos blindados durante los años 2015 a 2024. 

Los procesos de contratación que fueron estudiados por la Delegatura estaban dirigidos a garantizar la seguridad, integridad, libertad y la vida de las personas que requieren especial protección. 

La UNP se encarga de adelantar los procesos de selección que están regidos por las normas de contratación estatal y el régimen de la libre competencia económica, los cuales, en conjunto, tienen como finalidad la selección de los mejores oferentes de este servicio para que le brinden al Estado no sólo calidad sino con precios adecuados. 

Tras una averiguación preliminar, la SIC abrió investigación y formuló cargos contra 9 agentes de mercado y 11 personas naturales vinculadas a estos agentes, para determinar si estos habrían ejecutado un acuerdo colusorio en el marco de 21 procesos de selección adelantados por la UNP, cuyo presupuesto oficial total asciende a la suma de tres billones de pesos.

Para ello, la entidad de vigilancia evaluó el material probatorio recaudado y encontró evidencias que demostrarían, de forma preliminar, que Neostar Seguridad de Colombia Ltda, Gmw Security Rent A Car Ltda., Blinsecurity de Colombia Ltda., Vehículos Blindados de Colombia Ltda., Alliance Security Rent a Car Ltda., M.I. Blindajes Ltda., Vector Ltda., Alquiler de Vehículos Blindados, Nacional Rent Car Ltda. y Arrendadora de Vehículos Blindados Armati Ltda., habrian ejecutado un acuerdo que podría ser ilegal, con el objeto de repartirse entre ellos los grupos y/o las regiones ofertadas.

Las evidencias

Los comportamientos que la SIC identificó y que evidenciaron la existencia de un presunto acuerdo colusorio entre los actores ya mencionados son: abstenerse de presentar oferta en zonas distintas a las repartidas (respeto por la repartición) para evitar presiones competitivas; la presentación de ofertas económicas iguales o muy cercanas a los precios techos señalados por la Entidad; coordinar la presentación de observaciones y/o la no presentación de propuestas para presionar a la Entidad sobre distintos aspectos del proceso; y, la coordinación entre ellos incluso durante la etapa de ejecución de los contratos derivados de los procesos de selección objeto de análisis. 

Adicionalmente, es importante destacar que las personas naturales vinculadas a esta investigación son: Alan Perlman Katz, Jorge Arturo Moreno Ojeda, Alejandro Salvino Caicedo, Aldo Salvino Caicedo, Luis Wilson González Cardenas, Alexander Diaz Diaz, Jorge Alfredo Cabal Castellanos, Julio Cesar Salas Triana, María Isabel Almeida, Odilia Cecilia Chavarrio Martínez Y Ricardo Garrido Cantor, quienes habrían hecho parte del desarrollo de la conducta investigada. 

Las acciones ejecutadas por la Superintendencia resultan fundamentales para el país, con ellas se busca que los procesos de contratación se desarrollen de manera transparente y dentro de las cuales se garantice la selección objetiva y la libre competencia económica.