La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por 5 meses a los exdirectores generales de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas, por incumplimiento en la ley de cuotas.

El Ministerio Público corroboró que los exfuncionarios incumplieron sus obligaciones legales, mientras ejercían como directivos, exclusivamente desde el 1 al 2 de enero y del 8 al 26 septiembre de 2022 para Espitia Garzón, y para Rodríguez Casas desde el 28 de septiembre al 31 de diciembre del mismo año, de asegurar entre la nómina de la entidad el porcentaje mínimo del 30% de participación de la mujer en la designación de los cargos de otros niveles decisorios.

Por tanto, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 dispuso en su decisión que los servidores faltaron a su deber jurídico de garantizar la cooperación femenina adecuada en los niveles directivos, según lo establecido en la Ley 581 de 2000.

De esta manera, en fallo de primera instancia, el organismo de control calificó la falta de los exdirectores como gravísima, a título de culpa grave.

Por tanto, los disciplinados no se encuentran en la actualidad ejerciendo los respectivos cargos, la sanción se convertirá en el pago de los devengado por 5 meses por un total de aproximadamente $68 millones cada uno de ellos.