La Administradora de Recursos para la Salud, ADRES, remitió a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia Nacional de Salud el informe que contiene el ejercicio de contraste de información que las EPS entregaron al Ministerio de Salud para el cálculo de la UPC.

En la carta remisoria, el director de la ADRES, Félix León Martínez, puso de presente las “graves desviaciones, atipicidades y anomalías en la frecuencia de uso de los servicios y tecnologías en salud reportadas”.

A través de este ejercicio de contraste la ADRES encontró que los reportes de suficiencia de todas las EPS presentan diferencias considerables respecto de los registros asistenciales, RIPS, que también son obligación de las EPS, para los registros reportados en 2023. Se identificó un incremento desmesurado de frecuencias en la base de suficiencia, que no guarda proporcionalidad con el incremento registrado oficialmente en RIPS, en el análisis por grupos de servicios. 

Es importante anotar que esta información corresponde al periodo previo a las intervenciones de las grandes EPS adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

La ADRES, señala el documento, no interviene en el cálculo de la UPC ni interpreta las posibles causas de las cifras anómalas encontradas, calificación que corresponde a los organismos de control. Las procesó y analizó con base en su capacidad técnica y las presentó con la seriedad requerida, para que el Ministerio de Salud y a la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas pudieran tomar, debidamente informados, las decisiones correspondientes para la fijación del incremento de la UPC para 2025.

En relación con la información de medicamentos, se encuentra que el 23 % de los medicamentos reportados durante el periodo de estudio no contaban con información de ventas en SISMED, es decir, más de $985 mil millones, correspondientes al 11 % del valor total reportado en la vigencia por las EPS en estudio; también fue posible determinar que el 3% de los CUMS reportados por las EPS en estudio se encontraban en un estado de registro sanitario diferente a “vigente o en trámite de renovación”, es decir que esos medicamentos no eran válidos para su comercialización en 2023. 

El valor total reportado sin autorización de comercialización válida, supera los $119 mil millones. 

Finalmente fue posible determinar que se presentó incumplimiento a la regulación de precios de medicamentos en más de 2,5 millones de registros, lo que se traduce en 138 mil millones de pesos en exceso pagados sobre el valor regulado. 

También se registraron actividades en la base de suficiencia para 23.401 personas del régimen contributivo con una fecha posterior a su reporte como fallecidos en la Base de datos Única de Afiliados, con un costo total asociado de $79.838.684.240.