La Procuraduría General de la Nación alertó sobre la inminente finalización, el próximo 30 de junio, de la prestación y suministro del servicio de alimentación, que actualmente es financiado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, para al menos 13.314 Personas Privadas de la Libertad, PPL, en los Centros de Detención Transitoria de 125 municipios, que por disposición legal tendrá que ser asumido por las entidades territoriales a partir de esa fecha.

El llamado se hace tras determinar que, vencido el plazo dado por la ley a los 125 municipios (el 31 de diciembre de 2024), para presentarle al Ministerio de Justicia los planes de implementación del servicio de alimentación en dichos centros, a corte de 24 de febrero de 2025, solo 59 han cumplido con esta disposición legal.

Los procuradores delegados para los Derechos Humanos y Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Néstor Osuna y Samuel Arrieta, respectivamente, recordaron que, “les corresponde a las entidades territoriales incluir las partidas presupuestales necesarias para los gastos de los centros de detención transitoria de su jurisdicción y las demás obligaciones que se deriven de esta función, como son las raciones alimenticias y demás servicios, en aras de garantizar las condiciones de vida digna en reclusión para la población sindicada bajo su cargo”.  

Con el fin de buscar soluciones para evitar que se desate una crisis, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo interinstitucional de alto nivel, el próximo 27 de febrero, para verificar los avances en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en los Centros de Detención Transitoria, principalmente respecto al mínimo constitucional de alimentación requerido por las PPL allí detenidas.