La Procuraduría General de la Nación solicitó a todas las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, información detallada sobre los rellenos sanitarios en cada jurisdicción, con el fin de consolidar un diagnóstico actualizado que permita la toma de decisiones oportunas en materia de gestión de residuos sólidos.

Estas entidades deberán remitir, entre otros detalles, la ubicación, cobertura, nombre del operador y del sitio de disposición. También se requirió información sobre las condiciones operativas del relleno, su vida útil estimada, el instrumento de manejo y control ambiental vigente, la autoridad ambiental encargada del seguimiento y control, y la vigencia del instrumento.

Adicionalmente, se deberán identificar las problemáticas ambientales que enfrenta cada sitio de disposición, así como los procesos sancionatorios ambientales vigentes, indicando el número de radicado, fecha de apertura, cargos y estado actual del proceso. Asimismo, es fundamental informar si el sitio cuenta con un plan de contingencia.

El ministerio público precisó que, si bien el ente de control no coadministra, sí debe ejercer acciones de apoyo a la gestión pública para prevenir hechos que puedan afectar derechos individuales y colectivos, especialmente en lo concerniente a la protección del medioambiente, los recursos naturales y la prestación eficiente del servicio público de aseo.