La Procuraduría General de la Nación propuso un diálogo interinstitucional y con las asociaciones e instancias representativas de afectados por el conflicto armado, para garantizar la ejecución de políticas públicas de atención a víctimas, que se han venido incumpliendo en los últimos años.

El procurador delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, aseguró que el punto de partida a este propósito es realizar una evaluación rigurosa sobre la ejecución presupuestal  para cada uno de los componentes de la política pública de la Ley de Víctimas, conocer su implementación desde cada una de las entidades del Estado, garantizar una participación efectiva de ellas en su seguimiento y lograr una respuesta oportuna a los compromisos y necesidades de esta población vulnerable. 

Frente al XII informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que se debe presentar al Congreso de la República, el delegado planteó la importancia de darle un nuevo enfoque a su construcción, con el fin de garantizar la participación efectiva de las víctimas en las distintas instancias y el cumplimiento de la ley.