El colectivo Todos por la Salud, conformado por exministros, dirigentes gremiales y líderes sociales manifestó su preocupación por los alcances que tiene el proyecto de decreto del MinSalud relativo al modelo de Salud preventivo, Predictivo y Resolutivo.

A juicio de la organización social con las normas plasmadas en la iniciativa no se resuelven los problemas de atención para los pacientes y se elimina la libre elección de asegurador y prestador para los usuarios. 

Señalan que el proyecto de decreto genera nuevos cuellos de botella para la atención de los pacientes, debilita la gestión integral del riesgo, genera riesgos de corrupción y profundiza la crisis de la salud. Así mismo, la libre elección es uno de los pilares del sistema y tiene carácter estatutario.

Según los miembros de Salud para Todos, tampoco atiende las causas fundamentales de la crisis de financiamiento que está atravesando el Sistema de Salud, que se ha traducido en una crisis de confianza entre los actores y ha desencadenado un problema humanitario sin precedentes que está afectando la salud y la vida de los colombianos.

Ajuicio de los analistas, el proyecto de decreto propone cambios que exceden lo que puede hacerse por vía administrativa, al invadir competencias reservadas al legislador, por ejemplo:

Cambios estructurales en el modelo de aseguramiento.

Redefinición de funciones de EPS, IPS y entidades territoriales.

Territorialización con efectos jurídicos sin soporte legal.

Creación de instancias de participación ciudadana no contempladas en leyes estatutarias.

Debilita jurídicamente la territorialización. El uso de “subregiones funcionales” y esquemas asociativos obligatorios para gestionar salud territorial:

Desconoce el principio de participación libre y voluntaria en esquemas asociativos de ordenamiento territorial contenidos en la Ley 1454 de 2011.

Genera inseguridad jurídica por falta de claridad en competencias, gobernanza y resolución de conflictos interinstitucionales.

Es confuso

Los voceros de la organización señalan que el proyecto genera confusión conceptual sobre Atención Primaria en Salud, APS. El decreto confunde APS con servicios de baja complejidad. 

La APS incluye todos los niveles de Atención y se diferencia del modelo asistencialista en que en la APS la puerta de entrada al sistema de salud no es el CAP sino cualquier espacio de la vida cotidiana (hogar, lugar de trabajo, etc.). Además, no se distingue adecuadamente entre prevención, promoción y atención curativa, generando ambigüedad en su financiamiento y operación.

Cambia las normas de habilitación de redes de IPS y roles de EPS. El proyecto asigna al Ministerio la habilitación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales en Salud, RIITS, quitándole esta función a las entidades territoriales, contraviniendo la Ley 1438 de 2011. La exclusión de las EPS en procesos esenciales como la conformación de redes o referencia y contrarreferencia desvirtúa su rol de gestión integral del riesgo.

Financiamiento

Es inconsistente en el financiamiento. Con cargo a los mismos recursos que se financian las atenciones del sistema, se propone financiar nuevas funciones y acciones:

Se busca financiar funciones no cubiertas por la UPC, lo cual es inconstitucional y ha sido advertido por la Corte Consitucional (Auto 007 de 2025).

Las inversiones previstas para infraestructura y formalización laboral carecen de respaldo presupuestal real.

Representa riesgos económicos y jurídicos para actores del sistema al obligar a EPS e IPS privadas a asumir responsabilidades e inversiones sin garantías jurídicas ni un claro sistema de incentivos y responsabilidades.

No tiene un respaldo claro a la formalización laboral. Coincidimos en que la intención de formalizar al personal de salud es positiva, pero no se presentan fuentes de financiamiento ni incentivos para el sector privado.