Al revocar la intervención de la EPS Sanitas, y dejar sin efectos las resoluciones que la impusieron, la Corte deja claro que el poder del ejecutivo tiene límites. 

Así lo consideró la organización Todos por la Salud, que indicó “que las decisiones de la Corte Constitucional deben entenderse como el inicio de una nueva etapa en la que prime el rigor técnico y el respeto institucional”. 

La crisis del sistema no se resuelve con persecuciones, ni con intervenciones ilegales. La imposición ideológica y los discursos estigmatizantes no contribuyen a solucionar la crisis humanitaria en la que estamos sumidos señala Todos por la salud.

Este es un nuevo llamado de atención por parte de la Corte para que el gobierno tome medidas inmediatas necesarias para darle un respiro transitorio al sistema de salud y, así, empezar a mitigar los efectos de la crisis humanitaria que está afectando a pacientes y usuarios.

“Reiteramos que la crisis no es un accidente. Es el resultado de decisiones institucionales que han debilitado el modelo vigente, generado incertidumbre, promovido la desconfianza y paralizando la operación de cientos de servicios esenciales”, indica la organización civil.

La Corte Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de los colombianos, no se limita a corregir un abuso puntual. Esta Sentencia debe entenderse en conjunto con los Autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, en particular con el Auto 007 de 2025, en el que ya se había declarado la insuficiencia de la UPC, se había advertido de una crisis financiera autoinfligida y se había advertido de los efectos devastadores que esto tiene en la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios de salud, se señala un comunicado.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a cesar inmediatamente la estrategia de asfixia financiera, desprestigio institucional y cooptación del sistema. Es momento de sentarse con todos los actores del sector, escuchar a los pacientes, a los usuarios, a los profesionales de la salud, a las EPS, a los hospitales, a la industria y a las regiones, y adoptar los ajustes financieros, normativos y operativos necesarios para garantizar la sostenibilidad y continuidad de los servicios”, asevera Todos por la Salud.