En fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la decisión sobre la acción de cumplimiento interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y ordenó al Ministerio de Ambiente reglamentar los consejos territoriales de agua, además extendió por seis meses el plazo inicial previsto para la aplicación de la decisión.

El fallo no desconoce los esfuerzos adelantados pero aclaró que “resulta evidente que la reglamentación que prevé la ley no ha sido proferida a pesar de que la norma entró a regir el 19 de mayo de 2023 y, si bien no se impuso un plazo para su expedición, ello no implica que el mandato no sea exigible”.

La Procuraduría Delegada de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios había intervenido ante el Tribunal Administrativo del Quindío y confirmó que lo pretendido por el accionante no involucra la protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía tutela, lo que torna procedente la acción de cumplimiento.

Finalmente, el tribunal indicó que “las normas analizadas contienen un mandato imperativo e inobjetable, en la medida en que corresponde al Gobierno nacional ejercer la facultad reglamentaria sobre los Consejos Territoriales del Agua”, por lo que confirmó la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.