La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, explicó que el Decreto 1851 de 2021 que autoriza la creación de 1.208 cargos es el resultado de un estudio de cargas hecho por el Departamento Administrativo de la Función Pública desde junio pasado, y aclaró que los nombramientos se van a hacer de manera paulatina, que el 89 por ciento de ellos serán de carrera administrativa, y que no habrá adiciones presupuestales para el ente de control.

“En un país con dificultades económicas tras la pandemia, mi preocupación frente al análisis fue cómo resolver los temas de impunidad sin tener que solicitar adiciones presupuestales. Concluimos que los cargos deben ir surtiendo poco a poco, con el propio presupuesto de la Procuraduría General de la Nación y de una manera en que vayamos cumpliendo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.

En diálogo con distintos medios de comunicación, la jefe del Ministerio Público enfatizó en que su única finalidad es dejar una institucionalidad fuerte contra la impunidad y en defensa de la Constitución y de derechos de los ciudadanos, y afirmó que al llegar a la Entidad encontró que no se había asumido la responsabilidad para acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que como Procuradora presentó la Ley 2094 de 2021, para que el Estado colombiano cumpliera con la decisión.

“Desde que la Corte Interamericana nos obligó a cambiar el ordenamiento interno de la Procuraduría General de la Nación nace esta posibilidad. Para cumplir con el fallo de la corte debimos separar funciones de instrucción y juzgamiento, tener la garantía de doble instancia en todos los procesos disciplinarios y crear la doble conformidad. Los procuradores delegados, regionales y provinciales no pueden instruir y fallar al mismo tiempo. La Corte IDH dice que eso viola las garantías al debido proceso”, explicó Cabello.

La Procuradora reveló que durante junio, julio y agosto se tuvo que reorganizar internamente la Entidad para garantizar que el mismo funcionario que formule los cargos no fuera quien dictara la sentencia disciplinaria, y distribuir funciones de cara a la entrada en vigencia de la Ley 2094 en marzo de 2022. Lo anterior implicó que delegados, regionales y distritales tuvieran que responder por sus funciones y por otras adicionales de manera provisional.

No obstante, anunció que durante los tres meses anteriores la Procuraduría abrió dos mil 644 investigaciones, mil 207 contra funcionarios de elección popular y formuló 344 pliegos de cargos.

También explicó que el 22 por ciento de los cargos serán destinados a promover el acceso al programa del primer empleo y agregó que la Sala de Juzgamiento de Funcionarios de Elección Popular será elegida por concurso, el cual estará liderado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

“Esta es la primera Procuraduría que establece en la Ley 2094 una sala para funcionarios de elección popular que va a elegida por concurso de la Comisión. Hemos dado todas las garantías, vamos con la serenidad debida, aquí no hay un interés político”, ratificó.

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, aclaró que los nombramientos de los cargos aprobados para la entidad se harán paulatinamente, que el 89 por ciento de ellos serán de carrera administrativa y que no habrá adiciones presupuestales.

“Mayor ejemplo por el respeto de la carrera administrativa no he podido dar como Procuradora. La mayoría de mis delegados fueron escogidos por sus reconocimientos académicos y muchos de ellos han sido ascendidos porque necesito una Entidad eficiente y productiva”, puntualizó.