Una reciente Auditoría de Cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reveló seis hallazgos administrativos, dos de ellos con incidencia fiscal por un total de $10.710 millones y dos con connotación disciplinaria. La auditoría abarcó la vigencia 2022 y señaló serias deficiencias en la gestión de recursos y contratación por parte de la entidad.

El hallazgo fiscal de mayor cuantía, por un monto de $9.801 millones, está relacionado con la ejecución de un convenio entre la ANH y el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según el informe de la Contraloría, el SGC adquirió equipos por dicho valor que no fueron utilizados, lo que representa una gestión fiscal ineficiente y un detrimento al patrimonio de la ANH.

Otro de los hallazgos se refiere al convenio ANH-SGC 428 SEW 2020, en el cual se evidenció que el SGC realizó subcontratos de subarriendo para oficinas que no fueron utilizadas. El Servicio Geológico Colombiano pagó con recursos provenientes de dicho convenio los cánones de los subarrendamientos por un servicio innecesario, generando un presunto detrimento patrimonial por $908.6 millones.

Además de estos hallazgos, se encontraron deficiencias en la gestión de la oficina de Control Interno, inexactitudes en la información reportada a la Contraloría, diferencias en los valores de los honorarios para la prestación de servicios y debilidades en la viabilidad jurídica de algunos convenios de la ANH.

La Contraloría emitió un concepto con reserva frente al cumplimiento de la normatividad aplicable en la ejecución de la contratación administrativa y la ejecución de los recursos públicos por parte de la ANH. Se detectó incumplimiento de criterios objeto de la auditoría, así como deficiencias en la viabilidad jurídica de algunos convenios.

Estas irregularidades encontradas ponen en evidencia la necesidad de mejorar los controles y la gestión de recursos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Se espera que las autoridades competentes tomen las medidas correspondientes para corregir estas fallas y garantizar un uso adecuado y transparente de los recursos públicos.