Un acuerdo entre el Eln y las Farc para cesar sus enfrentamientos por control territorial y dejar de afectar a la población civil pidieron los integrantes de las delegaciones de paz con esos dos grupos, José Félix Lafaurie Rivera y Fabio Valencia Cossio.

En una carta dirigida al comisionado de Paz, Danilo Rueda; a alias ‘Pablo Beltrán’, del Eln; y alias ‘Andrey Avendaño’ del EMC-Farc Ep, expresaron que en este momento las comunidades, pueblos étnicos, territoriales, campesinos y otros grupos de especial protección están siendo víctimas de los enfrentamientos entre los grupos armados que dialogan con el Gobierno Nacional con el propósito de lograr la paz.

Los dirigentes recordaron las recientes palabras del presidente Gustavo Petro que “cualquier negociación en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil”.

La población en medio de los enfrentamientos

Los dirigentes en la misiva señalaron que los delegados por parte de la guerrilla se han comprometido a respetar el Derecho Internacional Humanitario y, en particular, el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.

Sin embargo, la confrontación permanente en los territorios ha traído como consecuencia que la población civil sea víctima “de desplazamiento masivo o de confinamiento forzado, con total irrespeto de sus derechos fundamentales a la educación, salud, seguridad, libre movilidad, a la vida misma y, de cara a las próximas elecciones regionales, también a la libre expresión de sus preferencias políticas en las urnas”.

Razones

Valencia Cossio y Lafaurie Rivera plantearon tres razones fundamentales para esta invitación de llegar a un Acuerdo de cese al fuego entre el ELN y el EMC – FARC EP:

Primera: lo más importante, la gente en los territorios; las víctimas de desplazamiento, de confinamiento y de la zozobra de la violencia, que se suma a la del abandono, la peor de las violencias; las personas que hoy no pueden “vivir tranquilamente en los territorios”.

Segunda: la confrontación entre grupos armados en proceso de negociación y, por tanto, con “voluntad de paz”, al afectar gravemente a las comunidades, convoca la intervención de la Fuerza Pública, obligada a cumplir su deber constitucional de proteger a la población, lo cual, a su vez, deriva en eventuales “incidentes” que caen en la órbita de los respectivos Mecanismos de Monitoreo y Verificación, convirtiéndose en obstáculos a los dos procesos.  

Tercera: la situación de violencia crónica que hoy se vive en Cauca, Nariño, Chocó, Arauca y el Catatumbo, entre otras regiones, por enfrentamientos entre grupos que, al mismo tiempo, adelantan conversaciones de paz con el Gobierno, es totalmente inconsecuente y les resta credibilidad a los procesos.

Concluyeron que un país como Colombia, marcado por la violencia, que se mueve entre el escepticismo y la desesperanza, fruto de una negociación tras otra y de promesas frustradas de una paz estable y duradera, “necesita empezar a creer que es posible esa paz, sinónimo de bienestar y de poder ‘vivir tranquilamente’”.